Por Gilberto García
Desde el distrito de Donoso
1. Inconstitucionalidad y déficit democrático en la aprobación de la Ley 406
La chispa que encendió las protestas populares fue la aprobación expresa del contrato con la empresa Minera Panamá (filial de First Quantum Minerals, de Canadá), mediante la Ley 406. El proceso de aprobación oficial se completó en 2023, en sólo tres días, sin una verdadera consulta ciudadana y en contra del derecho a la información veraz
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa ley y señaló que violaba 25 artículos de la Constitución Nacional vigente. El fallo judicial dio prevalencia a los derechos a la vida, a la salud y a un ambiente protegido, por encima de la actividad minera.
Para el pueblo panameño, la decisión del máximo órgano de justicia confirmó que la ley de concesión minera era un acto ilegítimo y sntinacional, impuesto desde el poder político y económico.
2. Amenaza directa a la biodiversidad y al ambiente
La mina, localizada en la caribeña provincia de Colón, opera en el Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques y selvas vitales para la vida silvestre que atraviesa Centroamérica. Se trata de una explotación a cielo abierto de unas 13.000 hectáreas, (sin ninguna autorización se tomaron más de7.000 hectáreas adicionales), con un enorme impacto de devastación y contaminación de suelos y aguas. Todo ello elevó el riesgo de estragos en las fuentes hídricas de la región.
El expolio de recursos minerales desencadenó la indignación popular. Al respecto, organizaciones ambientalistas presentaron evidencias de que ese tipo de minería es incompatible con la conservación de un ecosistema estratégico.
3. Defensa de la soberanía nacional y derechos indígenas
El repudiado contrato fue percibido como “lesivo a la soberanía nacional”. Las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé, que habitan la región, los afrodescendientes y los mestizos que han habitado allí durante décadas lo interpretaron como una violación directa a sus derechos ancestrales y territoriales, y una afrenta a la soberanía nacional.
El recuerdo del enclave de la antigua Zona del Canal de Panamá, bajo control estadounidense hasta 1999, hizo eco en la narrativa de que el país estaba entregando sus recursos a una empresa extranjera sin beneficios reales para la población.
4. Percepción de corrupción y contrato leonino
Los manifestantes denunciaron que el acuerdo estaba ”plagado de corrupción” y favorecía a la minera canadiense. La concesión fue otorgada por 20 años prorrogables por 20 más (total 40 años), y se percibía que las condiciones eran altamente desfavorables para el Estado panameño. Esa desconfianza se enmarcó en un descontento más amplio debido la la malversación de fondos públicos y a la falta de representatividad política.
5. Riesgos para la salud y el agua de las comunidades cercanas
Las organizaciones ambientales y los pobladores alertaron sobre los graves efectos en la salud de las personas que viven cerca de la mina y la contaminación de los recursos hídricos. La preocupación era que la operación comprometiera el acceso al agua, un recurso vital del que depende la vida, la agricultura y el turismo en la región. El derecho a la salud y a un ambiente sano fue uno de los pilares del rechazo.
6. Rechazo al modelo extractivista y defensa de alternativas sostenibles
Las protestas no sólo rechazaban ese contrato, sino toda la actividad minera metálica como eje de desarrollo. La población y los expertos señalaron que Panamá nunca eligió la minería como vocación, sino que fue ”impuesta por los grupos económicos de poder”, que pusieron en peligro las actividades sostenibles, como el turismo ecológico y la agricultura. La exigencia era clara: detener la política extractivista para proteger el futuro de este país.
Esas razones explican por qué el pueblo panameño salió a las calles para protestar en noviembre de 2023: no fue sólo un ”no a la minería”, sino un «No a la imposición, a la corrupción, a la destrucción ambiental y a la pérdida de soberanía.
En otras palabras, ”un mar de pobreza en medio de la riqueza”. Los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera son el ejemplo más crudo de cómo la actividad minera, lejos de desarrollar la zona, dejó una estela de promesas incumplidas y carencias.
Aquí te presento cómo se vieron afectados ambos distritos, con sla riqueza extraída y la miseria acumulada en la población:
1. La ”minería ilegal” de facto y la falta de regalías
No se trató únicamente de una explotación formal que beneficiaría al fisco local, sino de una operación que, de 2018 al 2023, funcionó sin un contrato vigente y extrajo más de 14.500 millones de dólares en minerales (cobre, oro, plata y molibdeno, entre otros). Ello no es un detalle menor. Para esos distritos, la actividad minera se percibió como ilegal, dañina y depredadora. Pese a ello, el municipio de Donoso reclama al Estado 33 millones de dólares en regalías adeudadas por la mina, correspondientes al período 2022-noviembre de 2023.
2. Fondos congelados y ausencia de desarrollo
El agravio no es sólo que el dinero no llegase, sino que existió y se desvió. La empresa pagó 562,8 millones de dólares al Estado, pero los fondos destinados a las comunidades fueron congelados en noviembre de 2023 por el gobierno de turno, y a la fecha se desconoce su paradero.
Asimismo, el alcalde del distrito de Donoso, Edilberto Medina Mejía, denunció que esa ausencia de recursos impide el desarrollo de proyectos de educación, salud y caminos de acceso, y afecta directamente a las 53 comunidades del distrito.
3. Un modelo que no dejó capacidad instalada
La paradoja es brutal: la zona tiene la mina, pero carece de lo esencial. Es un hecho notorio que las comunidades aledañas a la operación carecen de acceso a agua potable y servicios de salud adecuados. Tampoco hubo un legado de infraestructura o bienestar que justificara el sacrificio ambiental. Sin duda, la actividad minera fue un espejismo de riqueza temporal que no se tradujo en un desarrollo sostenible en la región.
4. Afectación directa a los medios de vida locales
Las 53 comunidades del municipio de Donoso dependen históricamente de la agricultura y la pesca. La mina no sólo no compensó económicamente a los panameños y panameñas, sino que su operación comprometió las fuentes de agua y la salud del ecosistema, lo que puso en riesgo las actividades de las que sí dependen las familias.
En resumen, el caso de Donoso y Omar Torrijos Herrera demuestra que la minería no fue un motor de desarrollo, sino que operó como un enclave para succionar la riqueza del subsuelo y dejar atrás un municipio quebrado, con fondos congelados y comunidades que, tras años de actividad económica, siguen esperando lo más básico: agua limpia, salud igual para todos y caminos bien trazados.
