Por Javier Collins Agnew
La Verdad Panamá
Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Metropolitana pide investigar el presunto reclutamiento, financiamiento, coordinación y traslado de ciudadanos panameños hacia Cuba, luego de que diez connacionales fueran detenidos en La Habana y siete de ellos permanecieran privados de libertad, según los hechos expuestos en el documento.
La denuncia fue presentada por el abogado y periodista Ricardo González Jiménez, quien solicitó al Ministerio Público abrir una investigación prioritaria para determinar quiénes organizaron los viajes, quién los financió, cuál era el propósito de los desplazamientos y si las actuaciones realizadas desde territorio panameño podrían constituir delitos.
El documento toma como punto de partida la investigación publicada el 9 de septiembre por La Verdad Panamá, bajo el título “Grupo rebelde contra el régimen cubano recluta panameños y financia sus actividades desde Miami”, y advierte que la información periodística debe ser verificada objetivamente por las autoridades.
Según la denuncia, diez ciudadanos panameños fueron arrestados el 25 de abril de 2026 en La Habana, Cuba, después de que las autoridades de ese país los acusaran de realizar actividades consideradas subversivas contra la seguridad del Estado cubano.
Tres de los panameños son identificados en el documento como Evelyn Castro, Cinthia del Carmen Camarena y Abigail Shefany Gudiño, quienes posteriormente fueron liberadas luego de gestiones de la Cancillería panameña.
Los otros siete, de acuerdo con la información incorporada en la denuncia, continuarían detenidos en Cuba al momento de la publicación periodística que dio origen a las actuaciones.
El dinero bajo la lupa
Uno de los principales puntos que se pide esclarecer es el origen y destino del dinero que habría permitido financiar las actividades y los viajes hacia Cuba.
La denuncia solicita que la Unidad de Análisis Financiero y las entidades correspondientes determinen la ruta de los fondos, incluyendo las sumas que presuntamente fueron utilizadas para adquirir boletos aéreos para los panameños.
El denunciante pide además verificar la existencia, registro, representación legal y estados financieros de las organizaciones denominadas “Camino a la Democracia de Cuba” y “FundaCuba”.
También solicita establecer si esas organizaciones cuentan con las autorizaciones correspondientes para recaudar donaciones del público y quiénes serían sus integrantes, representantes, beneficiarios y responsables de sus plataformas de recaudación.
El documento menciona fondos provenientes del exterior, particularmente de Miami y Costa Rica, y plantea que debe determinarse su origen, tránsito y destino, sin que la denuncia establezca por sí misma que esos recursos tengan procedencia ilícita.
Para ello, se solicita al Ministerio Público que, cuando corresponda y mediante las autorizaciones judiciales respectivas, requiera información bancaria y financiera relacionada exclusivamente con las operaciones que puedan estar vinculadas a los hechos denunciados.
Migración y boletos aéreos
Otro de los frentes planteados en la denuncia apunta a reconstruir la salida de los ciudadanos panameños del país.
Se pide a Migración Panamá que entregue los movimientos migratorios pertinentes y a las aerolíneas o agencias que sean identificadas que aporten información sobre reservas, boletos y formas de pago de los viajes relacionados con el caso.
La investigación también debería determinar quién contactó a los diez panameños, cómo fueron captados, quién propuso u organizó los desplazamientos y quién pagó o reembolsó boletos, alojamiento, viáticos, equipos o materiales.
Otro punto solicitado es establecer qué instrucciones recibieron los ciudadanos antes, durante o después de viajar a Cuba y si conocían el propósito y los riesgos asociados con el desplazamiento.
La denuncia pide igualmente determinar qué actividades concretas realizaron los panameños en territorio cubano y establecer si existieron engaño, coacción, remuneración o aprovechamiento de alguna situación de vulnerabilidad.
Tres posibles delitos
Aunque el denunciante aclara que corresponde exclusivamente al Ministerio Público determinar la calificación jurídica de los hechos, el documento plantea tres posibles figuras penales que considera necesario explorar.
La primera es la asociación ilícita, prevista en el artículo 329 del Código Penal, ante la posibilidad de que varias personas se hubieran coordinado con el propósito de cometer hechos punibles.
La segunda corresponde a los delitos de blanqueo de capitales, debido a las referencias sobre movimientos de dinero desde el extranjero hacia actividades desarrolladas en Panamá y la necesidad de determinar su origen y destino.
La tercera es el tráfico ilícito de migrantes, previsto en el artículo 456-F del Código Penal, cuya posible aplicación debería ser evaluada por los fiscales a partir de las circunstancias concretas de los viajes y de la eventual facilitación de la salida de personas del territorio nacional.
El documento es cuidadoso en este punto y deja constancia de que la enumeración de delitos es únicamente orientativa y no limita las facultades del Ministerio Público para investigar los hechos y establecer la calificación que corresponda conforme a derecho.
Cancillería también recibe la denuncia
La denuncia no quedó circunscrita al Ministerio Público. Una copia fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores para poner formalmente los hechos en conocimiento de la institución.
El documento enviado a la Cancillería señala que el caso involucra a ciudadanos panameños en territorio extranjero y que podría requerir colaboración institucional con el Ministerio Público.
La denuncia fue recibida por el Departamento de Correspondencia del Ministerio de Relaciones Exteriores el 11 de septiembre de 2026 y quedó dirigida al despacho del ministro, según el registro incorporado entre los documentos.
Entre las diligencias solicitadas a la Cancillería está certificar las detenciones, identidades, fechas, gestiones consulares, notas diplomáticas y versiones oficiales recibidas de Cuba, preservando la información sensible y las garantías correspondientes.
La denuncia también pide cooperación jurídica internacional con Cuba, Estados Unidos y Costa Rica, de resultar pertinente, para autenticar información sobre las detenciones, actuaciones atribuidas, registros de organizaciones y eventuales movimientos financieros.
El caso queda ahora planteado ante las autoridades panameñas como una investigación que deberá determinar, más allá de las publicaciones y versiones existentes, qué ocurrió realmente con los diez ciudadanos, quién coordinó sus viajes, cómo fueron financiados y cuál era el propósito de su presencia en Cuba.
La petición de investigación también busca establecer si desde Panamá se desarrollaron actividades que pudieran tener consecuencias jurídicas en el país y si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades individuales, siempre dentro del debido proceso y la presunción de inocencia.
El denunciante sostiene que la urgencia radica, además, en la posibilidad de que puedan producirse nuevos traslados de panameños hacia Cuba, por lo que solicita que las autoridades actúen de manera prioritaria para esclarecer los hechos y evitar que otros ciudadanos puedan quedar expuestos a situaciones similares.
(Artículo tomado del periódico digital La Verdad).
