Por Sharon Pringle Félix
Docente
Luego del anuncio, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), respecto a una presunta estructura de infiltración y seguimiento contra organizaciones y movimientos sociales, que, estaría integrada por 24 agentes de la Policía Nacional, se estremecen las murallas de uno y otro lado.
Sin embargo, los hechos que hoy se denuncian no parecen ser de reciente data. En 2023, durante las protestas antimineras, se percibía la inseguridad ciudadana, incluso dentro de los espacios de resistencia: en las marchas, en las reuniones, en los lugares donde nos encontrábamos para organizarnos y expresar nuestro desacuerdo.
Y desde antes, en 2017, cuando se dieron sendas aprehensiones, reconocimos la presencia de elementos policiales infiltrados en protestas de mujeres.
Rememoro también cuando SUNTRACS realizó sus primeras denuncias sobre infiltraciones. En aquel momento, quienes advertían sobre esas prácticas fueron objeto de mofa en sendos medios de comunicación. Lo que hoy vuelve a colocarse sobre la mesa, entonces, no surgió de la nada ni apareció de repente.
Hablar de inseguridad en Panamá se ha vuelto trillado. Sabemos que la habitamos, mas toca llenarnos de coraje y seguir adelante. Algunos y algunas, incluso, sabiendo que está en las intervenciones de comunicaciones, en personas que desconocemos, en la vigilancia que no podemos ver, cuya posibilidad condiciona nuestros espacios de participación.
El asunto no es si nos sentimos o no inseguros, de fondo es la normalización de la condición de inseguridad en un país que, durante años, se daba golpes de pecho en Centroamérica por sus estándares en materia de seguridad.
En 2016, Panamá ocupaba el puesto 49 de 163 países en el Índice de Paz Global (Global Peace Index), elaborado por el Institute for Economics & Peace. Aquel año, este país había escalado 24 posiciones respecto del año anterior y era presentado como uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento en sus niveles de paz. En Centroamérica, ocupaba el segundo lugar, sólo después de Costa Rica.
El Índice de Paz Global evalúa dimensiones relacionadas con la seguridad y protección social, los conflictos internos e internacionales y el grado de militarización, incorpora indicadores que permiten aproximarse a las condiciones de paz de un país.
Diez años después, el escenario es otro. En la edición 2026, Panamá ocupa el puesto 81 de 163 países, aparece 32 posiciones más abajo en la clasificación. El dato, por sí solo, no puede recoger la totalidad de lo que ocurre en la experiencia cotidiana, pero ofrece una fotografía que merece ser observada.
Hace diez años Panamá podía exhibir con orgullo su posición dentro de la lista de los países más pacíficos de la región. Hoy esa posición se ha deteriorado considerablemente.
Y es importante poner esa data en diálogo con la realidad de la calle, particularmente con la percepción de seguridad, porque hay otra información que no siempre aparece, por ejemplo: ¿cómo nos sentimos quienes habitamos este país?
Vale la pena preguntarnos si realmente sentimos seguridad proveniente de los entes que tienen la responsabilidad de garantizarla. ¿Qué emociones nos generan esas instituciones? ¿Confianza, tranquilidad, protección? ¿O, por el contrario, la sensación de que debemos cuidarnos incluso de quienes deberían cuidarnos?
Al menos, lo que percibimos desde hace décadas es una profunda desconexión de las autoridades con la escucha ciudadana, que se expresa en la represión, en la defensa de sus propias razones sin mediación y en la dificultad para reconocer que la seguridad no puede construirse únicamente desde la lógica del control. La seguridad también tiene que ver con la confianza de la población.
Y cuando una ciudadanía comienza a sentir que sus espacios de organización, sus protestas, sus reuniones y hasta sus comunicaciones pueden ser objeto de vigilancia o infiltración, la pregunta deja de ser solamente qué tan segura está la calle, y es: ¿qué tan segura se siente una ciudadanía frente a las instituciones que deben proteger sus derechos?
Este escrito convoca a un llamado: retornar a la coherencia de nuestras prácticas. Panamá debe alejarse de la copia de modelos importados de seguridad. Resulta absurdo intentar igualar modelos argentinos, chilenos, salvadoreños o estadounidenses en un país que tiene una forma de ser, de relacionarse y de hacer las cosas distinta a la de otras naciones.
Nos toca retomar la creatividad en la gestión pública y de la seguridad. Recuperar herramientas de convivencia, de defensa de la ciudadanía y de diálogo social. Son estas prácticas las que permiten percibir a un gobierno de cara al pueblo, que entiende que gobernar no es únicamente controlar, sino también escuchar, mediar y construir confianza.
A nosotras y nosotros, como pueblo, nos corresponde revisar nuestras prácticas, reevaluar nuestros protocolos de seguridad y ciberseguridad, repensar estrategias de cuidado colectivo e individual. Nuestros espacios fueron vulnerados y, quedamos en una indefensión frente a la injerencia estatal. Por ello, urge construir nuevas formas de cuidarnos en este Panamá que presagiamos, pero ante el cual debemos mantenernos alerta, porque puede llegar a ser peor de lo que imaginamos.
¡Dios bendiga a Panamá y nos salve de la debacle que se asoma como un Armagedón!
