Por Alberto Velázquez
Periodista y relacionista público
La entrega de un nuevo cheque por la suma de casi 3.000 millones de dólares al erario, por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), invita a realizar un análisis sobre el uso mas adecuado de las ganancias generadas por la operación segura de la vía interoceánica.
Desde que el Canal fue transferido a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, han ingresado a los fondos públicos más de 31.000 millones de dólares. Sin embargo, el uso de esos dividendos es cuestionable.
La realidad es que no se percibe que esos dineros descritos como ”aportes” al Estado hayan contribuido al desarrollo sostenible y sl bienestar de la sociedad panameña, dominada por la inequidad.
Cada año fiscal, aumenta la cantidad de millones de dólares provenientes del cobro de peajes y otros servicios en el manejo de la franja canalera, pero la pobreza en este país no disminuye.
El Canal de Panamá y las áreas canaleras contiguas eran parte de un enclave colonial recuperado por la juventud panameña, que hizo grandes sacrificios para lograrlo. Pero, desafortunadamente, no pudo materializar el sueño del mayor uso colectivo posible que inspiró a varias generaciones.
Desde el punto de vista económico, el Canal de Panamá ha producido suficientes recursos para que todos las comunidades tengan un buen servicio de agua potable, excelentes carreteras y una salud envidiable. No obstante, ha ocurrido todo lo contrario.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, aduce que esos fondos provenientes del Canal ayudan a sostener una serie de subsidios. La verdad es que los ricos se aprovechan de esos fondos, mientras que hay subsidios del Estado que generan cero productividad y no alcanzan para disminuir la pobreza y la marginalidad.
Desde que la vía acuática pasó a manos panameñas en1999, han mejorado los presupuestos para sostener el clientelismo político. Es lamentable que haya plata para financiar la exclusión social y que estallen nuevos casos de corrupción, incluidos los contratos leoninos gestionados por individuos que entran al gobierno limpios, pero salen millonarios.
Ante esa realidad, los panameños debiesen comprometerse a establecer científicamente una priorización sobre el uso de las ganancias del Canal, que son el resultado de una lucha por la identidad nacional. El verdadero objetivo debería ser la reducción de la brecha de desigualdad, la eliminación de las llamadas “escuelas ranchos” o chozas convertidas en aulas y la erradicación de la pobreza.
La ACP tiene serios compromisos en el manejo de agua, la construcción de un gaseoducto y dos puertos, así como el desarrollo de una nueva carretera transístmica, que le darán un efectivo y mas significativo empoderamiento.
Sin embargo, mientras sus “aportes” al Estado estén exentos de verdadero control, el panameño de a pie continuará considerando al Canal como un país aparte. Asimismo, la lucha generacional para la recuperación del Canal no será completada mientras resurjan los políticos golosos que disfrutan el rico patrimonio canalero.
