Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Organizaciones sociales panameñas denunciaron hoy el hostigamiento de poderosos grupos empresariales que buscan silenciar las voces más preclaras, contestatarias y defensoras del Medio Ambiente en el ámbito nacional y regional.
Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM, dijo en conferencia de prensa que organizaciones integradas en el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y más de 60 organizaciones comunitarias, científicas, sociales y ambientales aliadas, rechazan el uso coercitivo del sistema judicial panameño.
Al respecto, el presidente de la Fundación PROMAR, Ricardo Wong, manifestó que varios líderes de organizaciones han sido blanco del subterfugio legal denominado ”SLAPP” (Demanda Estratégica Contra la Participación Pública), que equivale a una demanda judicial utilizada abusivamente para intimidar, silenciar y acosar a los activistas de los movimientos sociales de vanguardia.
De hecho, dos querellas penales perturbadoras fueron presentadas en contra del CIAM y la organización ecologista adopta ADOPTA Bosque, debido a los esfuerzos dirigidos a concientizar sobre el negativo impacto del Puerto Barú, que amenaza con destruir una extensa área de manglares de gran importancia biológica, geográfica y paisajística.
Las organizaciones ambientalistas fundamentan sus denuncias en informes científicos independientes sobre las áreas naturales amenazadas. Indicaron que un previo Estudio de Impacto Ambiental, acogido por el gobierno, no fue evaluado adecuadamente y que, ante ese hecho evidente, la región de Puerto Armuelles sería una opción preferencial para el desarrollo del polémico proyecto portuario.
Las organizaciones sociales instaron al Ministerio Público a que impida la persecución judicial. Asimismo, exigieron al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que haga respetar el Acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 prevé tres tipos de protecciones otorgadas a los activos defensores ambientales, abogados, científicos o personas que se dediquen a la defensa del Medio Ambiente.
En febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Panamá encontró elementos suficientes para admitir el Recurso de Nulidad contra la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú, que es duramente cuestionado ppr diversas organizaciones sociales en este país.
El proyecto Puerto Barú pretende ser construido a 20 kilómetros de la ciudad de David, en la occidental provincia de Chiriquí, en una zona rodeada por el 25 por ciento de los manglares que quedan en Panamá, los cuales albergan especies en peligro crítico de extinción, como la tortuga carey y el emblemático mono negro centroamericano.
Los movimientos ambientalistas concluyeron la conferencia de prensa con un enérgico llamado a la unidad de las fuerzas sociales en defensa de la vida digna de los panameños y las panameñas, y el cese del expolio y las políticas intimidatorias.
