El Canal de Panamá enfrenta nuevos desafíos. (Foto: ACP).
Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
El 7 de septiembre de 2026 se cumplieron 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, un hito que marcó la historia de Panamá en el siglo pasado, al coronar el esfuerzo de múltiples generaciones de panameños para alcanzar la plena soberanía y aprovechar el potencial del recurso estratégico de la posición geográfica.
Sin embargo, lo que en el siglo XX representó el desmantelamiento de un enclave colonial y la recuperación progresiva de la soberanía nacional, hoy se reconfigura en una compleja disputa por la influencia estratégica, la seguridad marítima y la resiliencia de la vía interoceánica.
El reinicio de la retórica revisionista desde Washington sobre el Canal de Panamá reabre un debate que la diplomacia internacional y el derecho internacional público consideraban un caso cerrado con la entrega definitiva de la vía el 31 de diciembre de 1999.
Las insistentes declaraciones de Donald Trump —insinuando que la cesión del Canal mediante los Tratados Torrijos-Carter fue un ”error” o que se debe ”recuperar” el control frente a la supuesta hegemonía china— reviven las heridas históricas de la lucha por la soberanía y ejercen una presión directa sobre el Estado panameño.
El eje del discurso revisionista va desde un “regalo inmerecido”, negando la lucha legítima nacional por la soberanía nacional, pasando por una supuesta “injerencia china”, a sabiendas de que la vía interoceánica es administrada exclusivamente por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) bajo el principio de neutralidad permanente, hasta dejar abierta la posibilidad de un intervencionismo para recuperar el Canal.
Con ese objetivo, ha recurrido a todo el arsenal que va desde presiones económicas, medidas unilaterales, pactos administrativos para instalar presencia militar en el país, incluido el memorándum de entendimiento Ábrego-Hegseth. Todo ello es contrario al carácter de patrimonio inalienable del Canal, administración autónoma bajo el mandato de neutralidad como base indiscutible de nuestra soberanía.
La conmemoración de la fecha reafirma que la defensa de la neutralidad y de la administración nacional no es, ni nunca fue, un hito estático alcanzado en 1999 —advertida por los sectores en defensa de la soberanía desde la firma de los tratados—, sino un ejercicio diario de diplomacia independiente, firmeza soberana y visión estratégica ante las presiones globales.
La respuesta del Órgano Ejecutivo panameño ante la embestida retórica y las presiones multilaterales de Washington revela contradicciones estratégicas. A saber:
1. En lugar de tejer una sólida red de respaldo internacional y solidaridad que valide la inalienabilidad del Canal, el gobierno ha optado por gestionar la crisis de forma solitaria. Esa aproximación bilateral desigual expone al país a mayores asimetrías de poder ante la Casa Blanca.
2. Romper o enfriar lazos económicos con Beijing en respuesta al malestar estadounidense confirma el alineamiento de la política exterior panameña a los deseos de Washington.
3. El alineamiento continuo con los mandatos de seguridad global de EE.UU. desgasta el argumento de la plena autonomía operativa sobre la cuenca canalera, priorizando agendas ajenas sobre las demandas locales de seguridad ciudadana y protección social.
4. La respuesta se limita a comunicados de la Presidencia o la Cancillería, perdiendo la oportunidad de articular un consenso nacional transversal (academia, sindicatos, sectores económicos) que fortalezca la musculatura política del país frente a las amenazas externas.
Después de restablecida las relaciones entre Panamá y Estados Unidos en marzo de 1964, el camino a un nuevo acuerdo que sirviera los intereses de ambas naciones fue marcado por varios hitos de importancia histórica que merecen ser recordados en el marco del aniversario de los Tratados Torrijos-Carter.
1. La, reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo de 1973, con el apoyo de la Resolución a la causa panameña de 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Estados Unidos la veto y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se abstuvieron.
2. El Acuerdo Tack-Kissinger, ” firmado en la ciudad de Panamá el 7 de febrero de 1974, principios que servirían de discusión y negociación sobre los cuales se llegaría a un nuevo convenio.
3. La reunión del Comité de Revisión de Políticas el 27 de Enero de 1977, para atender el tema de Panamá con 16 altos funcionarios del nuevo gobierno de Carter, del Consejo Nacional de Seguridad; de la Agencia Central de Inteligencia; de la Junta del Estado Mayor; el secretario de Defensa, del Departamento de Estado, entre los que se encontraban los ya expertos negociadores y conocedores del tema: los embajadores Ellsworth Bunker y Sol Linowitz, con la instrucción de avanzar rápidamente (move quickly) para la conclusión de un tratado antes de junio.
Para esa fecha, en 1977, los gobiernos de Estados Unidos y Panamá, finiquitaban los detalles para la firma de dos pactos: El Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, cuyos acuerdos fundamentales subrayaban el compromiso de los dos países de honrar lo acordado.
Los tratados comprometían a ambos países acordar en forma amistosa y cooperativa el proveer de una buena administración, operación y mantenimiento adecuado del Canal de Panamá compuesto por el Tratado del Canal que constan de un preámbulo, 14 artículos, un anexo y un acta; y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá que garantiza el libre tránsito y neutralidad permanente del Canal.
Canal: agua y deuda social
El Canal de Panamá funciona con agua dulce tropical, un detalle técnico que hoy define la vida diaria de más de la mitad de la población del país. Cada vez que un barco atraviesa las esclusas, se vierten al mar millones de litros de agua provenientes de los lagos artificiales Gatún y Alajuela. Esos mismos lagos son la fuente principal de agua potable para las ciudades de Panamá, Colón y sus alrededores.
Para solucionar la escasez, la Autoridad del Canal ha propuesto construir un nuevo embalse en la cuenca del río Indio. Aunque técnicamente aseguraría el agua para los próximos decenios, la propuesta genera enorme preocupación en las comunidades rurales y campesinas de la zona, que temen perder sus tierras, sus cultivos y su modo de vida tradicional por las inundaciones que generarían esas obras.
Diversos movimientos sociales han manifestado rechazo al proyecto por temor a la pérdida de sus raíces culturales, la incertidumbre en las valoraciones financieras de sus tierras y experiencias pasadas de iniciativas estatales en las que las promesas de desarrollo local no se cumplieron cabalmente.
Desde que Panamá asumió el control total de la vía interoceánica, a finales de 1999, la vía interoceánica ha contribuido al Tesoro Nacional con la transferencia de sumas de dinero inmensamente superiores a todo lo recibido durante casi un siglo de administración estadounidense. Sin embargo, la percepción ciudadana sobre el uso y destino final de esos recursos refleja una marcada frustración.
1. Por un lado, existe un sector logístico, bancario y canalero moderno, eficiente y con ingresos económicos millonarios. Por el otro, persisten deficiencias básicas en las provincias, comarcas y zonas periurbanas en áreas fundamentales como la red de salud pública, la infraestructura escolar, el transporte y el acceso a agua potable.
2. El Canal entrega sus excedentes al Gobierno Central, que los integra al Presupuesto General del Estado. No existe un ”fondo de asignación directa” que permita a la población rastrear cómo un dólar generado por el tránsito marítimo se transforma directamente en una escuela construida o en un hospital equipado. Al diluirse esos fondos en el gasto corriente estatal, los escándalos de corrupción y la ineficiencia burocrática aumentan la sensación de que la riqueza ”se queda en el camino”.
El éxito financiero de la vía no se ha traducido automáticamente en justicia redistributiva. El gran reto pendiente no es cómo producir más ganancia en la vía marítima, sino cómo lograr que la prosperidad de ese enclave logístico se traduzca en oportunidades reales, empleo formal y calidad de vida para la mayoría de los habitantes del país.
A 49 años de la firma de los Tratados, el desafío central ya no es sólo defender la soberanía jurídica sobre el Canal, sino convertir esa soberanía en soberanía efectiva: que la neutralidad, la autonomía operativa y los ingresos económicos de la vía se traduzcan en desarrollo humano, justicia social y protección de los territorios y comunidades que sostienen la cuenca hidrográfica del Canal.
La soberanía no termina cuando se entrega un territorio; comienza cuando una nación es capaz de decidir libremente qué hacer con él y para quién hacerlo.
