Las poblaciones sudamericanas llevan días sin dormir, ejerciendo en las calles el derecho soberano a no dejarse aplastar por una maquinaria económica rapaz, con la cual los artífices del expolio han pretendido reducir a su mínima expresión conquistas sociales y derechos básicos para entregar a las elites gobernantes el patrimonio de poblaciones enteras excluidas del desarrollo.
Una respuesta similar proviene de docentes y estudiantes de la Universidad de Panamá y los sindicatos, que advirtieron la existencia de patrones leoninos en un paquete de reformas constitucionales en las que se ocultan intenciones aviesas de transferir recursos del Estado a universidades privadas y grupos sin escrúpulos que aspiran a administrar los fondos públicos en este país.
El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, calificó de nefasto el proyecto de cambio constitucional, que modifica “el sistema de fiscalización que tienen las cinco universidades públicas y diluirlo en una estructura nueva”. Pese a que el oficialismo se comprometió a eliminar los polémicos dos artículos introducidos en ese paquete reformador, la advertencia persiste.
La búsqueda de los objetivos de buena gobernanza jamás pasará por ceder conquistas sociales al capital financiero, sino a través de la instauración de un modelo de consulta dinámica y directa a la población. El “Buen Gobierno”, que accedió al poder el 1 de julio, debería reconocer en el escenario sudamericano el riesgo de encender la pradera con onerosas fórmulas fondomonetaristas.
Hay claras evidencias de frustración popular en Panamá, a causa de la justicia selectiva, el alza de las tarifas de servicios públicos, los sucesivos e inexplicables cortes en el suministro de agua potable, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, la desintegración familiar, el expolio y la violencia. Todo ello tiene una raíz profunda de inequidad que da inmunidad a una clase adinerada, usurpadora y rapaz.
Para salir del actual atolladero, el gobierno debería emprender una audaz estrategia de recuperación de miles de millones de dólares sustraídos del erario público por perversas administraciones anteriores, que condenaron a la pobreza a los desposeídos De la misma forma, tendría que adelantar pasos hacia una política exterior digna y ejercer el derecho soberano de Panamá sobre todo su territorio.
El complejo escenario actual sugiere mantener el sentido de alerta del movimiento social y su caudal político ante grupos económicos empeñados en torcer la voluntad gubernamental y obligar al Órgano Ejecutivo a que adopte modelos privatizadores contrarios al proyecto de liberación nacional. Impedir la devastación del país es un primer paso. El segundo paso es cerrar filas contra todo proyecto entreguista.
