Tras ser decretado el 4 de marzo el fin de la veda electoral en Panamá, la población observa con interés y no poco escepticismo las ofertas de los candidatos y candidatas que pretenden dirigir los destinos del país a partir de 2019. Hasta ahora, quienes aspiran al solio presidencial han esbozado ideas generales de lo que sería un gobierno cargado de esperanzas, sueños, objetivos y soluciones
Sin embargo, es evidente que ello es insuficiente para convencer a un electorado indiferente e incrédulo que en los últimos 10 años ha visto desvanecidas las metas de bienestar colectivo, mientras que representantes del capital financiero mantuvieron las manos libres para concretar negocios multimillonarios a costa del valioso patrimonio del Estado y concesiones revestidas de opacidad.
Para que este país avance por senderos democrático, se necesita una agenda nacional que devuelva a los panameños la dignidad. Ello obliga a los candidatos de las fuerzas electorales a diseñar y presentar un programa para la recuperación de las arcas saqueadas y la revisión de contratos sobre las áreas canaleras donde ha sido desconocido el principio del mayor uso colectivo posible.
Desde todo punto conceptual, luce ridícula e inútil la intención de tratar de convencer a la población de que los problemas básicos pueden ser solucionados con medidas cosméticas y paternalistas, u ofertas partidistas dirigidas a introducir paliativos en materia alimentaria o en los conflictos generados por el acaparamiento territorial y las fuentes hídricas amenazadas por el expolio.
Los panameños encaran difíciles circunstancias que se expresan a través de la degradación del empleo, la inestabilidad laboral, la pérdida del dinamismo de zonas productivas, la insalubridad y la quiebra de la unidad familiar, el acelerado endeudamiento público y el potencial colapso del vulnerado sistema de seguridad social, en condiciones en que los más ricos multiplican sus riquezas.
Una larga lista de dificultades nacionales no puede quedar sin respuesta de parte de los candidatos presidenciales. Y quien finalmente obtenga la mayoría de votos el 5 de mayo, debe acostumbrarse a la vedad incómoda de que habrá exigencias y demandas del electorado para sustituir el modelo de oprobio creado para proteger el latrocinio, la coima y la trampa institucionalizada.
Es inconcebible que candidatos justifiquen la subordinación de la Fuerza Pública a intereses foráneos. Ello debe cambiar. En su lugar, se requiere un modelo para combatir al crimen organizado. Enderezar la política exterior es una prioridad, lo mismo que la lucha contra la corrupción y el cese de la represión para potenciar las metas de soberanía, unidad, justicia y desarrollo social y humano.
