¿Una reforma paramétrica es respuesta eficaz para el sistema de pensiones de la CSS?

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José Antonio Gómez Perez

José Antonio Gómez Pérez
Economista. Catedrático titular
Universidad de Panamá.
Consejo de Redacción de Bayano digital

En variadas intervenciones públicas, el presidente Laurentino Cortizo manifestó su eventual preferencia para “reformas sin afectar las medidas paramétricas”. No obstante, en los discursos del 18 de enero de 2021, que inauguraron el “diálogo nacional por la CSS”, no hubo ninguna mención oficial que descartase los cambios paramétricos.

Las Reformas Paramétricas: Marco Histórico y Conceptual.

Desde años de 1980 las referencias al término Neoliberalismo son muy constantes. Su doctrina y política, dirigida por el capital financiero corporativo y especulativo, sostiene y defiende que el Mercado es lo ideal, fundamental e interés primero de la sociedad; y presupone que todo lo proveniente del mercado debe generar bienestar. La sociedad es reducida y restringida al mercado; por ende, los derechos humanos, la equidad, la justicia y hasta la democracia se convierten en procesos que resultan secundarios; y en muchas circunstancias simplemente no existen.

Particularmente, la seguridad social es vista como factor para el mercado y no como un derecho humano universal de los trabajadores; por ello, ambicionan convertirla toda en negocios comerciales y financieros, bajo el prisma individualista, contra la solidaridad colectiva y objetivos de equidad.

A escala mundial-local, el capital financiero está abocado al control total a los cuantiosos fondos de los sistemas de seguridad social; por tanto, promueve y empuja reformas favorables a sus intereses y predominio sistémico. Refiriéndose a cambios de legislaciones, con frecuencia se aluden aquellas llamadas “reformas paramétricas”, ampliamente difundidas por los organismos financieros multilaterales, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Una Reforma Paramétrica no pretende cambiar la estructura básica del sistema vigente; su finalidad primordial es aplicar cambios a variables demográficas, ocupacionales y económicas (llamadas paramétricas) que son componentes funcionales y determinantes del régimen de pensión y jubilación. Precisamente, las modificaciones paramétricas afectan directamente todas las variables relacionadas con las jubilaciones, el cálculo de las pensiones y sus valores correspondientes.

En la mayoría de los casos, tales reformas incluyen modificaciones que apuntan a las medidas siguientes:

a) Aumentar la edad oficial de jubilación normal y anticipada, para hombres y mujeres.
b) Aumentar la vida laboral y cuotas mínimas obligadas a pagar para obtener la pensión de retiro.
c) Aumentar los montos de las cuotas a pagar, por trabajadores y empleadores.
d) Reducir el cálculo de salario base promedio, elevando el número de mejores años.
e) Reducir la tasa de reemplazo o cobertura inicial para calcular la pensión básica.
f) Reducir los ajustes compensatorios de las sobre cuotas pagadas.
g) Reducción montos mínimos y máximos de pensiones.
h) Reducción de los montos vigentes de las pensiones a las personas ya jubiladas.

Bajo el doctrinario neoliberal, la política de seguridad social es apartada de sus principios fundantes, en forma conflictiva. Se trata del desamparo o abandono de principios valiosos, inherentes en toda seguridad social progresista, tales como: a) Carácter público, que no es privatizable; b) Integralidad de riesgos, incluyendo seguro de desempleo; c) Solidaridad, para compartir los costos de cobertura y la sostenibilidad financiera; d) Obligatoriedad de suplir los servicios de salud y prestaciones a la población trabajadora; y e) Subsidiaridad del Estado, como responsable general de la salud y seguridad pública de toda la población nacional. Por supuesto, siempre tal degradación o destrucción explícita provoca situaciones críticas para los objetivos de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible.

Panamá: Reformas Neoliberales, Paramétricas y Objetivos 2021.

Recuérdese que la reforma del 2005 engendró la vigente Ley 51 liquidadora del sistema de reparto solidario, opción entonces predominante. Como consecuencia, el antiguo y único programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM) quedó estructurado con dos subsistemas: a) el denominado Sistema Mixto (SM) compuesto principalmente por todos los trabajadores nuevos a partir del primero de enero de 2007; b) el Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) llamado Solidario.

El SM es así llamado porque cada trabajador ahorra para su jubilación en su cuenta propia individual y adicionalmente tiene un pequeño complemento de reparto solidario relativo al monto tope hasta $ 500 balboas como salario mensual. Así definida, esta modalidad de pensión está fundamentada en el criterio de cuentas individuales.

El solidario (SEBD) quedó como circuito cerrado de pensiones al que se le prohibió entrar nuevos cotizantes, porque el Estado lo ha convertido en un sistema financieramente vulnerable que se descapitaliza más cada año. Así, el mismo opera en crisis financiera y político-social muy evidente, con creciente déficit corriente (cerca de $ 400 millones de balboas en 2018) y está forzando también al uso constante de las reservas lo que provoca aumentos del déficit actuarial para pagar pensiones. El Estado no se ha hecho responsable, como corresponde, por los costos de transición del sistema común solidario al de cuenta individual. En las tres últimas pasadas administraciones públicas no se atendió esta problemática con la responsabilidad que se amerita.

Actualmente, en Panamá la situación es tan grave como en el año 2005; fecha de la última reforma, que modificó aspectos en la Ley de 1991 y produjo la desestabilizadora Ley 51 de 2005. (La Ley No. 30 de 26-12 de 1991 aumentó 2 años en la edad de jubilación, a partir de 1-01 de 1995)

Hoy, las ocho afectaciones listadas están ya en la mesa de discusiones para la reforma pendiente; y están patrocinadas por fuertes poderes económicos, políticos y tecnocráticos. Habrá afectaciones para toda la población trabajadora actual y futura; considerando que ésta mayormente ya está caracterizada con bajos niveles salariales y poca estabilidad laboral. Según estadísticas más confiables (2015) el 71.9 % de los cotizantes activos posen salario inferior o igual a 600 balboas mensuales.

En palabras mayores, la reforma pendiente y sus modificaciones en ciernes llevan tres direcciones generales visibles, que se resumen así.

A) Cargar principalmente a la población trabajadora y asegurada los incrementos de los costos registrados en los resultados financieros y actuariales de los fondos de pensiones. Los aumentos pretendidos sólo buscan perjudicar con más cargos, o para rebajar beneficios ya existentes.

B) Establecer una reforma paramétrica neoliberal bajo escenarios proyectados incompletos, sesgados y pesimistas. Con estrategias sectarias y tecnocráticas que pretenden degradar aún más las condiciones actuales, para impedir que la política de seguridad social pueda avanzar hacia genuinos principios y criterios de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible, a mediano y largo plazo.

C) Bloquear la aplicación de políticas correctivas directas que enfrenten directamente los obstáculos estructurales de gestión y administración de la CSS y los vicios de corrupción, impunidad y falta de transparencia. Se trata de la consabida estrategia de mantener intacto el sistema de relaciones CSS, Estado y Sociedad. Así es como pretenden impedir los correctivos requeridos, como son: frenar la inoperancia e ineficacia gerencial y administrativa de la propia CSS; enfrentar la corrupción interna y externa; recuperación efectiva de fondos sustraídos y la evasión de cobros; y exigir al Estado cumplir compromisos adquiridos con los programas de pensiones.

Ciertamente las reformas paramétricas mejoran los resultados financieros a corto y mediano plazo; puesto que, sin tapujos, aumentan todas las variables con importes a cobrar y disminuyen los gastos a pagar en otras variables del cálculo final de las prestaciones a futuro. Por tales motivos, su evaluación debe sopesarse considerando las afectaciones a la población trabajadora y jubilada, presente y futura. También, evaluar como la desviación privatizadora de cotizaciones en las cuentas individuales termina empeorando la situación de déficit en algunos programas y el propio sistema de seguridad social.

Énfasis: Consecuencias Previsibles.

La pregunta inicial planteada tiene respuesta contundente. Una reforma paramétrica no constituye una respuesta eficaz para resolver la problemática existente en el PIVM. Por su naturaleza y características, no constituyen solución por sí misma; menos si son de orientación neoliberal, generadoras de condiciones mercantiles e individualistas excluyentes de criterios de solidaridad y equidad.

La reforma neoliberal que se avizora para Panamá endurecerá las condiciones de 2005, haciendo que la edad y requisitos de derecho a jubilaciones y pensiones sean más restrictivos y difíciles.

Las afectaciones a los trabajadores varían según las condiciones del mercado laboral, principalmente por calificaciones profesionales y niveles salariales.

Los trabajadores que actualmente devengan sueldos mensuales bajos, entre el salario mínimo y la media nacional, serán los más perjudicados. Aquellos trabajadores con profesiones poco estables estarán muy afectados negativamente y deberán soportar reducciones en los beneficios de sus pensiones futuras.

Una rebaja general a las pensiones existentes, total o parcial, es un golpe bajo la población ya jubilada.

La Juventud, ya tiene muy vedado el acceso al mercado laboral; ahora, por añadidura su futuro será abarrotado por un sistema de jubilaciones y pensiones más difícil e incierto.

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