Solidaridad y el negocio de las administradoras de riesgo de pensiones

Una trama para echarle mano a sumas multimillonarias que pertenecen a los trabajadores. 

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Grupos privivados desean los fondos de la CSS. Foto de La Prensa.

Por Ramiro Guerra M.
Abogado y cientista político

Los que más ingresos devengan más cotizan. Es justo en tanto permite a la Caja de Seguro Social (CSS) ofrecer los mismos beneficios por igual a todos los asegurados y beneficiarios. Ese tipo de solidaridad trato igual a los que comparados con otros están en un plano de desigualdad.

Cualquier otro sistema de pensiones que quiebre ese principio de solidaridad, pudiera tacharse de inconstitucional. Verbigracia: el sistema de capitalización individual, probado está, no iguala condiciones en materia de servicios de salud y ofrece pensiones de hambre. Las administradoras de estos fondos son las que se llevan la mejor parte de un régimen de privatización de esos fondos.

Actualmente, los fondos del sistema mixto ronda los 800 millones de dólares. Bien podría pasar a un sistema de reparto definido, es decir solidario. Los empresarios han levantado la campaña de que esa medida sería inconstitucional

Falso. En un sistema de reparto definido, los retornos a los cotizantes son muy superiores a una privatización del manejo de tales fondos. Es evidente que hay una campaña negativa del sector privado y los organismos financieros internacionales y sus calificadoras de riegos, contra la vuelta al sistema de reparto definido, como sistema único.

Tienen puesto los ojos sobre esos 800 millones de dólares que están en el actual sistema mixto. Según esos intereses, esos millones y los que sean cotizados por los trabajadores en un sistema único de capitalización individual (hablamos de sumas multimilonarias) que, según ellos, tienen que ser administrados por el sector privado.

En esta crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la CSS, sectores de poder económico han armado toda una trama para “echarle manos“ a esos dineros que pertenecen a los trabajadores. La inacción del gobierno, objetivamente suma o se hace cómplice de esa estrategia anti-trabajadores y contra el pueblo.

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