José Antonio Gómez Pérez
Economista
Catedrático de la Universidad de Panamá.
Consejo Editorial de Bayano digital
Resulta lógica la realización del diálogo nacional sobre la CSS, separado de aquel general del bicentenario independentista. Así está dado, aunque la convocatoria se distingue por constreñir la agenda de contenidos, listando “solo a la revisión del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (PIVM), la incorporación de los trabajadores informales a la seguridad social y la gestión administrativa”. También, por restringir la participación social representativa de trabajadores, jubilados y organizaciones sociales.
Trasfondo de la Crisis
Esas limitantes aludidas no son las tres únicas dificultades sustanciales de la política de seguridad social nacional. Incluso, reformas anteriores fracasaron por seguir marcos meramente técnicos, restringidos y legalistas. El fondo problemático es la crisis multidimensional de gestión desarrollista que abarca contextos mayores: la Caja de Seguro Social (CSS) como mega conglomerado nacional de carácter público; el Estado y sus políticas de seguridad social y salud pública; y el sistema nacional de jubilaciones y pensiones. Panamá tiene por delante esta crisis compleja, con difíciles interrelaciones y consecuencias sociales, económicas, financieras, éticas y tecnológicas.
Desde antes de iniciarse el denominado Diálogo Nacional por la CSS, en la palestra pública son notorios algunos afanes por acorralar el debate principal “para reformar la ley de jubilación y pensión de la CSS” basándose solo en variables y medidas paramétricas, descartando otras salidas a la crisis actual de la seguridad social. Son propuestas encaminadas hacia medidas que afectarán considerablemente a los trabajadores en variables muy sensibles del proceso de transición de la vida laboral y edad de jubilación, también para la determinación de la suma económica de prestación correspondiente al asegurado a la edad de retiro final.
Habitualmente, todo está descrito sin contrapartes; es decir, sin proposiciones sustanciales para mejorar el sistema, tales como: administración eficiente del fondo del PIVM, ahorros por reordenamiento del uso en los recursos disponibles, cumplimiento de compromisos no pagados por el Estado y recuperación de recursos de las prácticas corrupción.
El Estado es la entidad más morosa con la CSS. Además, la corrupción es causa de muchas problemáticas actuales del sistema, a lo interno de su institucionalidad y en el entramado de actividades públicas y privadas. La corrupción prácticamente está impune, pese a las denuncias no hay resultados con los debidos procesos judiciales y castigos.
Estrategias de Sectarismo y Tecnocracia
La combinación de poderes económico-políticos y tecnocracia se abre camino para controlar un tema, utilizando supuestos “expertos infalibles, parámetros perfectos y soluciones irrebatibles”. Así, pretenden apoderarse de espacios de decisiones sociopolíticas que no le corresponden, pues éstos pertenecen a las genuinas fuerzas productivas y sociales, también a las instituciones rectoras, los estamentos de legislación, partidos políticos y organizaciones civiles.
Panamá vive una situación grave, cuando círculos tecnocráticos están sobreponiendo sus visiones y objetivos particulares sin ninguna discusión a fondo de los intereses socioeconómicos nacionales. Situación mayormente grave, cuando el Estado nacional y la Administración Gubernamental no tiene legislación ni tradición suficientes, para organizar y ejecutar políticas y principios de planificación científica, con amplitud integral, cumplimiento de objetivos estratégicos y genuina rendición de cuentas. Así, se aplican estrategias de control abiertamente sectarias.
No solo sectores sociales populares y académicos critican esta estrategia, también variados gremios empresariales, grupos profesionales y personalidades se manifiestan frecuentemente contra esta situación. Dos ejemplos son contundentes.
Hace meses, desde que empezó la pandemia Covid-19, se está evadiendo un debate amplio y con suficiente representación social, sobre la política en curso de altísimo endeudamiento público sin correspondencias con metas concretas de desarrollo estratégico nacional. Hoy día, la tónica ya parece ser, secuestrar o coercer el debate sobre la próxima reforma a la Ley 51 de la CSS; es decir, obtener resultados preprogramados para materias de jubilación y pensión.
Enfoques en Contraste
Esta situación de contraste muestra contraposiciones muy evidentes. Por un lado, un enfoque parcial y sesgado, que pretende abordar la crisis del PIVM exclusivamente en el contexto de las medidas paramétricas, bajo enfoques neoliberales, cruciales e individualistas.
Por otro lado, el enfoque sistémico integral, que compartimos, el cual recomienda dos orientaciones fundamentales: a) Lo esencial es determinar la situación de balance entre los principios que regir las políticas de seguridad social y la perspectiva real de estos hacia la población; y b) Disponer de una evaluación apropiada de la crisis del sistema, considerando la seguridad social y la salud públicas en los contextos de la CSS, el Estado y la sociedad. La sinergia entre ambos contextos es importante.
En todo país es importante el debate social sobre los principios de seguridad social que la sociedad considera representan la perspectiva e intereses para su población. Sabemos que el mismo es fundamental y constituye el punto de partida de todo análisis y evaluación. Obviamente, esta tarea no es un mero asunto técnico, tampoco corresponde a determinadas profesiones. Se trata de un objetivo y responsabilidad que la sociedad debe organizar, realizar y legitimar.
Por consiguiente, permitir reducir el debate solamente a las meras medidas paramétricas e informes actuariales financieros es semejante a patrocinar un secuestro; bien entendido como mecanismo para imposibilitar por algún medio forzoso la libertad de evaluar los temas fundamentales con criterios de plenitud a los principios y sostenibilidad sistémica a largo plazo, que convengo al desarrollo nacional.
Colofón
Muy probable es que el presente diálogo nacional no agotará la discusión del futuro de la CSS y su sistema nacional de jubilaciones y pensiones. Basta sólo, mirar los tres objetivos oficiales de la cobertura temática en marcha. Es escenario futuro para el desarrollo positivo de las políticas conjuntas de salud y seguridad social nacionales seguirá sin determinar.
Para Panamá y sus fuerzas productivas organizadas y sectores sociales el desafío estratégico continuará siendo el mismo, cual es: construir una alianza sociopolítica fuerte, para defender la seguridad social y salud pública nacionales de manera integral. En la coyuntura presente hay tareas importantes que cumplir por la defensa de los derechos sociales. La vigilancia del proceso de diálogo en curso es una tarea prioritaria.
