(Redacción de Bayano digital)
En medio de pedidos de cárcel para los directivos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), debido a las evidencia sobre los abusos cometidos en albergues en este país, el Fondo de Naciones para la Infancia (UNICEF) instó al gobierno de Panamá a cumplir la responsabilidad del Estado en la protección de la población en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
Un informe de la Asamblea Nacional de Diputados ha servido de fundamento para destapar el escándalo de corrupción en perjuicio de niños y niñas. A continuación, Bayano digital reproduce el texto del comunicado de UNICEF, mientras crecen las voces de repudio en la esfera parlamentaria y los Derechos Humanos, ante los actos criminales que demandan Justicia y reparación a las víctimas, y los intentos de lanzar un manto de impunidad respecto a las atrocidades cometidas:
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), expresa su profunda preocupación por las denuncias de abuso contra niños, niñas y adolescentes en algunos albergues del país e insta a las autoridades competentes a realizar las investigaciones pertinentes con la mayor prontitud posible, a fin de determinar los hechos y las responsabilidades que corresponda, teniendo como prioridad la atención de las víctimas del delito y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental.
UNICEF lamenta los hechos denunciados y recuerda a las autoridades que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los albergues están bajo la protección especial del Estado.
Para poder avanzar de manera efectiva en la prevención de cualquier forma de violencia, abuso y maltrato, se deben dejar de lado intereses individuales o corporativos y poner a la niñez primero.
Además, UNICEF insta a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, así como a la sociedad civil, a no dilatar más la deuda histórica del Estado panameño, de contar con una Ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia, tal y como ha sido indicado en varias ocasiones, la última de ellas en 2018, en las “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de Panamá”[1] del Comité de los Derechos del Niño.
Emplazamos a las autoridades a proceder con carácter de urgencia en la reforma estructural del sistema de protección de la niñez y la adolescencia que conduzca al fortalecimiento de las instituciones competentes, mejorar la delimitación de las responsabilidades, hacer efectivo el rol de supervisión que deben desempeñar las autoridades y la calidad de los servicios que se brindan a la niñez y las familias, con énfasis en la atención a los niños y niñas sin cuidado parental, garantizando los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Son grandes los desafíos que tiene la República de Panamá en su obligación de proteger a los niños y niñas. El momento para la acción es ahora.
