Bayano digital reproduce en esta sección el enérgico comunicado emitido por diversas organizaciones ambientalistas locales, tras la exclusión deliberada e injustificada de líderes ecologistas inscritos en un foro climático regional convocado en Panamá por el Estado panameño y Naciones Unidas.
COMUNICADO AL PAÍS
Organizaciones de sociedad civil rechazamos y condenamos enérgicamente lo actuado tanto por las autoridades panameñas como por las Naciones Unidas, al impedir la participación de defensores ambientales en el evento de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe (LACCW 2023), evento que inició el 23 de octubre de 2023 en la ciudad de Panamá, y que constituye una plataforma para que responsables políticos, profesionales, empresas y sociedad civil intercambien información sobre soluciones climáticas, obstáculos que superar y oportunidades en diferentes regiones.
Luego de varias consultas, se ha tenido conocimiento de la deleznable acción de un funcionario de alto nivel del Ministerio de Ambiente, que solicitó a los organizadores de LACCW23 retirar las acreditaciones de varios defensores ambientales panameños para participar en el evento, por considerar que los mismos constituyen potenciales amenazas para la seguridad de la reunión.
En el marco de este evento, para el cual Panamá asignó una partida extraordinaria de unos USD 1.8 millones, a través del Ministerio de Ambiente, según fue publicado en medios, dinero público del Estado panameño, representantes de organizaciones de sociedad civil se registraron e inscribieron para participar. El domingo 22 de octubre, un día antes del evento, activistas ambientales debidamente inscritos, que recibieron sus confirmaciones semanas atrás, recibieron otra comunicación en la cual era retirado su registro.
Un incidente particular tuvo ocasión el primer día del evento, que afectó al señor Ricardo Wong, Presidente de la Fundación PRO-MAR y Presidente del Comité Panameño de la UICN, quien habiendo sido aceptado por los organizadores, muestra de lo cual es que recibió su gafete, ingresó debidamente acreditado al evento y pese a todo lo indicado, fue escoltado fuera por unidades de seguridad del evento mientras se encontraba en los recintos del evento conversando con otros participantes y sin mayor explicación le indicaron que ya no podría regresar ni participar en el evento.
Al respecto, reiteramos el objetivo del Acuerdo de Escazú, adoptado por nuestro país mediante la Ley 125 de 2020, de “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales…”, y vale la pena reafirmar el contendio de su Artículo 9 que dice lo siguiente:
1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales pueden actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal. Libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derechos a circular libremente, así como su capacidad de ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en ejercicio de los derechos contemplados en el presente acuerdo.
Panamá vive momentos difíciles y observamos con gran preocupación la regresión ambiental en Panamá, situación que motiva la movilización de líderes, activistas y ciudadanos preocupados no solo por la salud ambiental de nuestro país, sino por un país más equitativo y sostenible, donde la corrupción no impere en la toma de decisiones de los órganos del Estado, afectando con un falso y retorcido enfoque la diversificación económica nacional, donde los recursos naturales, principal capital de una Nación, es empeñado por el uso irracional, afectando a todas la generaciones venideras de panameños.
Las organizaciones ambientales y sociales y la población en general se han visto en la necesidad de manifestar oposición a un contrato minero que afecta no sólo la capacidad de nuestro país de mitigar y adaptarse al cambio climático y proteger su extraordinaria biodiversidad sino también defender su democracia y el estado de derecho. Desafortunadamente, ya varios activistas ambientales, principalmente jóvenes, han sufrido lesiones, algunas irreparables, como resultado de la represión durante las jornadas de protesta.
Por lo tanto, reclamamos que tanto Naciones Unidas como el Ministerio de Ambiente deben ser coherentes en proteger el derecho de cada persona de participar en un evento como este, que precisamente busca congregar a diversos sectores de la sociedad, a fin de fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, salvaguardando principios también de Escazú como el de “transparencia y principio de rendición de cuentas”.
Actuaciones como esas, que han realizado en contra de representantes legítimos de la sociedad civil de Panamá, sólo contribuyen a debilitar la participación ciudadana, y además, son un claro indicio de violencia y contravención de los derechos de humanos a los que cada día se ven más expuestos líderes y activistas ambientales y sociales, en los países donde se enfrenta un franco deterioro ambiental, un debilitamiento de la institucionalidad y una flagrante corrupción, auspiciada tanto a nivel nacional como internacional.
Comité Panameño de la UICN
• Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
• Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
• Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
• Fundación para la Protección del Mar, PRO-MAR
• Fundación Parque Nacional Chagres
• Parque Natural Metropolitano
• Sociedad Audubon de Panamá (SAP)
• Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
• Alianza por un Mejor Darién (AMEDAR)
• Asociación ADOPTA Bosque Panamá (ADOPTA)
• Asociación Panameña de Artistas Plásticos (APAP)
• Asociación Red de Vida, Santa Fe de Darién
• Centro de Capacitación Social
• Colectivo Ya es Ya
• Fundación de Acción Social por Panamá(FAS)
• Fundación MarViva
• Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP)
• Fundación Pro-Conservación de los Primates
Panameños (FCPP)
• Fundación Refugio Pedasí
• Fundación Tierras Altas Recicla
• Investigación, Comunicación y Educación para el Desarrollo (ICEPED)
• Jóvenes y Cambio Climático
• Panacetacea
• Panamá Sostenible
• Panamá Wildlife Conservation
• Proyecto Primates Panamá • Raíces Ambientales de Matusagaratí (RAM)
• Red de Conservación de Tortugas Marinas en Panamá (Panatortugas)
• Red Eclesial Ecológica Mesoamericana
(REMAM)
