Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El presidente Laurentino Cortizo, en su afán de menguar las protestas contra la aprobación del contrato minero, dedicó mas tiempo a hacer un relato sobre la presencia de la empresa explotadora en Panamá, culpar de los desaciertos a gobiernos anteriores y a demostrar que desaprovechó la oportunidad de concretar un acuerdo ventajoso para los intereses nacionales. Hizo todo lo contrario.
No explicó por qué, en pocas horas, sancionó y ordenó publicar la ley 406 en Gaceta Oficial, hecho que reprochan muchos ciudadanos, y que incita a las manifestaciones de protesta.
Es cierto que cuando Cortizo llegó a la Presidencia, la empresa minera estaba funcionando y, aunque se consideraba como una gran empleadora, esto no significaba que hacía aportes a la Caja de Seguro Social (CSS). Debió pagar la cuota obrero patronal como cualquier otra empresa. Además, la cuota la deben estar aportando los obreros, gran parte de ellos extranjeros.
Al hacer el recuento sobre las intervenciones de gobiernos anteriores, enlodándolos, reconoció que recibió una empresa minera operando en forma inconstitucional. Entonces, decidió iniciar una negociación con la misma bajo la amenaza de una demanda fantasma. Los juristas panameños han demostrado que ello sólo ha servido para amedrentar y permitir que la compañía de marras siga explotando nuestros recursos mineros sin compensaciones justas.
Descaradamente, el presidente de la república nos dice, en una alocución de menos de 12 minutos, que el contrato fue ampliamente consultado. Lo publicaron en una plataforma que impedía su impresión, y luego cuando lo cuestionan directamente en la Asamblea Nacional de Diputados, lo maquillan con retazos que no convencieron a nadie. Raudamente, lo aprueban, sancionan y publican en la Gaceta Oficial, confirmando la malicia de que mucho interés corrió bajo la mesa. Un diputado ya lo había dicho en el pleno parlamentario, recordando a Tito Afú.
Nuevamente, menciona una serie de malabarismos para ganarse la opinión de los jubilados y afirma que los aportes de la mina ayudarán a solucionar el problema del Programa de invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, a sabiendas de que esos fondos son insignificantes frente a las verdaderas demandas de ese programa.
Cortizo finalizó su intervención con las frases rutinarias, de llamar a la paz social, que, precisamente, el mismo ha inducido con su pésimo manejo en la aprobación de un contrato tan repudiado, que ya tiene el saldo de un obrero muerto.
Su discurso no produjo los efectos que deseaba. Las manifestaciones contra el contrato minero recuerdan al rechazo del tratado del canal que firmó un francés, a cambio de migajas económicas. Históricamente, será recordado como un acto de traición a la patria.
