Productores agropecuarios demandan al presidente Varela
Por David Carrasco
Director Bayano digital
Productores agropecuarios del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, interpusieron una demanda contra el presidente de la República, Juan Carlos Varela, debido a abusos contra los legítimos ocupantes de tierras con vocación agrícola sometidos a la amenaza de desalojo y a los intentos de favorecer a la empresa Banapiña, subsidiaria de la multinacional Del Monte.
En representación de unas 200 familias de productores, el dirigente comunitario Marvin Wilcox, solicitó a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados que sea convocada una sesión ordinaria para ventilar la demanda contra Varela, en la que el mandatario es acusado por la violación de derechos humanos y normas del Código Penal.
Wilcox fundamentó su denuncia tras el envío a la zona productiva de agentes armados del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que interceptan a personas y decomisan a los productores los cultivos destinados a la venta, en abierta violación a derechos humanos y posesorios de las tierras que ocupan desde hace 20 años.
En conferencia de prensa, Wilcox puntualizó que fue víctima de la destrucción de su vivienda localizada en finca Ceiba. Indicó que hace pocos días, “civiles que portaban armas blancas, acompañados por contingentes de la Policía Nacional y el Senafront, se llevaron el zinc, puertas, ventanas y herramientas y todo lo que podía tener valor en ese hogar”, bajo el argumento de que cumplían supuestas “órdenes superiores”.
Por su parte, el abogado Santander Tristán calificó de “abuso sin precedentes” el uso de fuerzas de frontera para interceptar y perseguir a humildes trabajadores agropecuarios, con el objetivo de expulsarlos bajo amenaza de las tierras, en abierta violación al Código Agrario, especialmente a los Artículos 2, 3, 152, 153, 155. Indicó que, ante ese grave procedimiento, ordenado en forma arbitraria por una juez de paz, se estudia llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El jurista precisó que el gobierno de Varela concertó con la multinacional Del Monte la comercialización de banano, pero acaparó a través de Banapiña tierras, proyectos portuarios, acuíferos, y otros cultivos como la piña, por lo que han procedido sobre unas 2.000 hectáreas de los productores, al margen de los terrenos que ocupa el proyecto de la compañía frutera, sin que haya claridad sobre los verdaderos beneficiarios.
Al respecto, Tristán subrayó que el Tribunal Superior de Justicia de Chiriquí desconoce la competencia agraria del conflicto entre la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y los productores. Añadió que aún la Corte Suprema de Justicia no ha emitido un fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad relativas al contrato entre el Estado panameño y Banapiña, que no ha sido suficientemente debatido en el ámbito nacional.
“Exigimos que sea realizada una auditoria que respete la posesión agaria de los productores”, que permita reconocer los nichos de negocios sin regulación estatal, enfatizó Tristán. El planteamiento fue compartido por el economista Juan Jované, quien señaló que la expulsión de los productores ha creado un “precedente peligroso” en la administración de Justicia, al desconocer el principio del trabajo como sustento de la producción alimentaria, en un país que se ha vuelo dependiente de la importación.
Diversas organizaciones sociales, como la Alianza Estratégica Nacional, y grupos de productores, como Ganaderos al Rescate, se han solidarizado con los trabajadores amenazados en el distrito de Barú que reclaman derechos posesorios y demandan el cese inmediato de la represión y la judicialización de las protestas. Los productores se repararan,además, para emprender nuevas jornadas de lucha pacífica,
