Alto a la represión institucionalizada. Editorial del martes 26 de febrero

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El gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha abierto un camino peligroso, al haber utilizado a Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para perseguir a humildes productores en el distrito de Barú, en una zona limítrofe con Costa Rica. Ese hecho no sólo desborda el abuso del poder, sino que crea un grave precedente en el desenvolvimiento de fuerzas de seguridad.

La decisión del órgano Ejecutivo de desviar contingentes del Senafront a campos agrícolas en los que se cultiva papaya, yuca, plátano, arroz y hortalizas, mientras se deja al descubierto una zona fronteriza vulnerable al crimen organizado, es una acción desacertada, irresponsable, innecesaria y contraproducente, que pone en entredicho la seguridad e institucionalidad del país.

Los conflictos sociales acrecentados en el área del Barú tienen un antiguo origen y se remontan a la expansión y la usurpación territorial que desataron en Centroamérica las multinacionales de la industria del banano. Ese proceso de acumulación generó serios conflictos debido a la sistemática violación de los derechos de la clase trabajadora y el expolio de los recursos nacionales.

En un nuevo capítulo de despojo, el Estado panameño entrega tierras valiosas para el control de Banapiña, empresa subsidiaria de la multinacional Del Monte, dejando un enorme vacío por la falta de explicaciones de una transacción económica en la que el Estado no gana nada, pero cede parte de su dominio territorial y control de valiosas fuentes hídricas y acceso a litorales.

La acción revela una forma de desnaturalización de las fuerzas destinadas a la custodia de las fronteras, que deben ser auxiliares en el control de migraciones y escudo contra el trasiego de drogas. Al asignarle a ese componente policial especializado el papel punitivo contra productores, también se le denigra y genera absoluta desconfianza hacia los elementos uniformados.

Los panameños no deben resignarse a ser testigos del desprestigio de cuerpos comprometidos con la seguridad. El país no puede dejar en manos de los grupos oligárquicos el establecimiento de prioridades fundamentadas en actos arbitrarios y deshonestos. Todos deben acuerpar la idea de trabajar a favor de la Justicia y los mecanismos que generen democracia y equidad social.

En ese esfuerzo, los sectores sociales están obligados a detener las acciones de despojo e iniciar un amplio movimiento de bases que asegure el predominio del derecho al trabajo y la valoración de la producción agropecuaria nacional, que requiere ser amparada por leyes adecuadas, el cumplimiento de la Constitución y el apego de los jueces y fuerzas policiales al derecho agrario vigente.

1 COMENTARIO

  1. Desde México un abrazo solidario y un saludo de paz y bendiciones. Toda mi solidaridad con los trabajadores del campo en Panamá y con el pueblo de esa hermana y amada nación donde nacieron Omar Torrijos Herrera, el poeta Rogelio Sinán y tantas y tantos luchadores sociales, escritores, activistas, estudiantes comprometidos. Deseo que en este año electoral de Panamá, la población escoja un candidato y un proyecto que se desmarque del sistema neoliberal que tanto daño ha hecho a los pueblos de Nuestra América. ¡Viva Panamá, Libre y Soberana!, ¡Vivan las y los trabajadores de Panamá y de la Patria Grande!, Fernando Acosta Riveros

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