Académicos denuncian “gran piñata” en áreas canaleras

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La socióloga Aida Torres, presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC), formula serias denuncias contra el expolio. (Foto Bayano).

Por David Carrasco

Las concesiones del gobierno panameño a poderosos grupos económicos que devastan áreas protegidas y convierten en “piñata” el patrimonio del Estado, impiden concretar el sueño del mayor uso colectivo posible en la vía interoceánica, denunció la socióloga Aida Torres, presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC).

En un foro académico realizado en la Universidad de Panamá sobre la conflictiva ampliación de la Avenida Omar Torrijos, Torres fustigó a empresas depredadoras que se empeñan en controlar las valiosas áreas ribereñas de la vía acuática, recuperadas con el sacrificio de varias generaciones de patriotas, pero que hoy son blanco de una escandalosa usurpación organizada desde el poder con un fin económico.

La activista subrayó que ello sucede mientras que los grupos empresariales han copado los cargos de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y los organismos reguladores del uso de suelos pasaron al control privado. Adujo que ello tiene efecto directo en el usufructo del patrimonio canalero y en la explotación de extensas áreas verdes.

Luego de intensas jornadas de protesta de los movimientos ecologistas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este mes que rescindirá el contrato de diseño y construcción de la Avenida Omar Torrijos, entre el sector de Corozal y el Puente Centenario, La medida fue dictada un año después de la entrega de la orden de proceder de la obra, de 89,1 millones de dólares, al consorcio integrado por las firmas Asaldi y MCM Global.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia había suspendido en febrero la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA), categoría II, para la construcción del ensanche de la Avenida Omar Torrijos, y luego de la deforestación de 10 hectáreas de selvas tropicales que desembocó en airadas protestas del movimiento social. Ello obligó a paralizar la obra, en medio de fuertes denuncias de corrupción esgrimidas por la ACAC.

Torres advirtió que la arbitraria explotación de recursos viola el plan de desarrollo y uso de suelos establecido en 1997 para el área canalera, que fue consensuado por sectores de Panamá en un foro de Coronado 2000. Sin embargo, advirtió que ese incumplimiento de la ley, por parte de asociaciones privadas y organismos estatales, desconoce el principio de “mayor uso colectivo posible” en la lucha canalera.

Sostuvo que la política de despojo del patrimonio colectivo se ha reflejado, además, en los intentos de las élites económicas de apoderarse del Cerro Ancón ‒símbolo de la lucha soberana de los panameños‒, en el diseño selectivo de corredores marinos y en la ampliación de la calzada de Amador, en las áreas revertidas de gran valor catastral que durante casi 100 años estuvieron bajo control de Estados Unidos.

Indicó que en zonas exclusivas del Canal de Panamá ahora hay letreros de “no traspase” y edificios de apartamentos de alta renta donde nunca debieron haber sido construidos, mientras que el grupo que representa el banquero y ex ministro de Economía Alberto Vallarino adquirió 60 hectáreas vinculadas al proyecto del puerto de Corozal, en la vertiente del Pacífico del Canal de Panamá, a través del amañado uso de información privilegiada.

Torres acusó al grupo económico Sílaba de sacar provecho de la deforestación de áreas inadjudicables contiguas a la vía acuática, que son sometidas al expolio. “Nos encontramos en un conflicto permanente frente a organismos del Estado que mienten, que no responden, que no rinden cuentas, que son opresivos y ocultan información y evaden la participación ciudadana”, lo que obliga a la “permanente fiscalización”, puntualizó.

Un canal y mucha codicia

Por su parte, el sociólogo Marco A. Gandásegui, hijo, señaló que nietos de los próceres de la separación de Panamá de Colombia han acaparado terrenos en la antigua Zona del Canal y se han convertido en los rentistas y especuladores de tierras que ponen en riesgo la cuenca de la vía interoceánica y conspiran contra las esperanzas y metas de desarrollo y bienestar colectivo de la población panameña.

Recordó que, en los últimos 20 años, fueron confeccionados siete planes de desarrollo metropolitano, que privilegian los intereses de los rentistas y desprotegen a las mayorías. Adujo que ello tiene estrecha relación con los intentos de dominar el rico patrimonio canalero, injustamente arrebatado a la población que luchó con coraje por la soberanía y entregó su sangre en ese inmenso sacrificio histórico.

El tema del expolio fue abordado por el economista y docente universitario Juan Jované, quien demostró que los excedentes en los ingresos económicos del Canal de Panamá han servido para subsidiar a la clase económica dominante, que paga la más baja tasa impositiva en materia en Latinoamérica, después de Guatemala. Estimó que ello revela no sólo la inequidad fiscal y tributaria, sino la forma descarnada de robarle recursos al desarrollo del país y al combate contra la pobreza.

Jované demostró la “falta de representación verdadera de la población panameña” en la Junta Directiva de la ACP, que es la única que puede decidir si endeuda o no endeuda a la vía acuática, sobre la base de sus reservas. En ese sentido, llamó a ejercer la efectiva soberanía de Panamá y la defensa del legado de los mártires, para sacarlo de las manos de los especuladores y enemigos del desarrollo humano.

Participantes en el foro sobre áreas revertidas del Canal de Panamá (Foto Bayano).

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