Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Cuando el entonces presidente Aristides Royo firmó en 1977 la ley 30 que le dio vida a la compañía Petroterminal (PTP), prevalecía en el ambiente nacional la importancia de recuperar los activos estratégicos para lograr plena soberanía naci
La PTP es una empresa mixta, Panamá con Northville In Corp, cuyos activos (41%) presumiblemente pasarían a manos panameñas después de años de explotación de la posición geográfica, beneficiándose de la operación del oleoducto transístmico y las terminales de Charco Azul, en el Pacífico, y Chiriquí Grande en el Caribe.
Han pasado más de 40 años, y recientemente el gobierno actual, sobre la base de una reforma al contrato original, prohijada por el presidente Martín Torrijos en el 2008, modificó una cláusula. Panamá se compromete a comprar las acciones en manos de NIC Holding Corp, que controla la PTP, a fin de consolidar el total de las acciones a manos panameñas.
El monto estimado para la compra de esas acciones es de 199 millones de dólares, calculados según la fórmula establecida en el contrato modificado y con base a estados financieros auditados en 2025, durante el gobierno de Laurentino Cortizo.
Esas maniobras económicas, con ciertos elementos dudosos y la falta de transparencia en negociaciones manipuladas por los gobernantes de turno, nos retrotraen al régimen de Mireya Moscoso, que modificó el contrato con Panamá Ports, desligándolo del pago de 20 millones anuales a Panamá, para exonerar esa obligación.
El argumento del gobierno actual es que la adquisición de las acciones de PTP no son una expropiación, que los 199 millones de dólares, considerada una cifra excesiva, será pagada de los beneficios históricos de esa empresa, también considerados excesivos.
El caso de Petroterminal es parte de una tarea permanente en la historia: la necesidad de recuperar los activos estratégicos que tuvieron su principal icono en la lucha por la soberanía en la antigua Zona del Canal. Las comunicaciones, los puertos, y ahora la mina de cobre en manos extranjeras, que se perfila como el próximo escenario de conflicto, nos colocan en una lucha no sólo financiera sino especialmente en la tarea soberana de reconquistar el control de los recursos claves del Estado.
El precio actual de recuperar Petroterminal, que se consideró como un activo que pasaría a manos panameñas, pone en duda la negociación de esos bienes, que estuvieron en la mira golosa de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, y luego de Laurentino Cortizo.
Panamá debe decidir sobre sus recursos, administrarlos a beneficio del pueblo, proyectar su soberanía en el concierto internacional y no permitir que, en el rejuego de una administración empresarial, confesada por sus propios regentes, las riquezas de este país ingresen a los bolsillos de los plutócratas.
Pensamiento final:
La operación Petroterminal nos recuerda que la soberanía es un derecho, y una responsabilidad. Recuperar un activo estratégico reafirma la soberanía nacional. Hacerlo con transparencia es un acto de dignidad. Panamá no puede permitir que el patriotismo sea usado como cortina para operaciones dudosas. La verdadera independencia se conquista no sólo con símbolos, sino con la ética.
