Con una imagen internacional desmejorada, a causa de sucesivos escándalos internacionales, Panamá está en la obligación de apelar a sus fortalezas internas, a la reorientación de áreas vitales de la economía enfrentadas a serios tropiezos y a un sentido natural de supervivencia, como ocurrió en el período previo a la invasión de Estados Unidos a Panamá, en 1989, cuando toda la banca cerró sus puertas para evitar el desmoronamiento del sistema.
Una consecuencia lógica del estremecimiento del Estado, debido al afloramiento de redes de corrupción, narcotráfico y “lavado de dinero”, debería ser el diseño de una estrategia audaz que impida a este país el aislamiento de la comunidad internacional y la caída abrupta de las inversiones, ante el temor que genera la inseguridad provocada por escándalos que alcanzan a la cúpula gobernante y ponen a prueba el añejo modelo presidencialista autoritario que da señales de ingobernabilidad y agotamiento crónico.
La clase política panameña, subordinada al capital financiero, ha sido incapaz de manejar o dirimir las hondas pugnas entre grupos económicos enfrentados por el reparto de las áreas revertidas, el manejo portuario y aeroportuario y el negocio logístico vinculado a la expansión del Canal de Panamá. Al mismo tiempo, demuestra la carencia de un Plan “B” con respuestas efectivas para resolver los impactos de colisiones globales en la disputa de los mercados y a favor de una salida consensuada con el movimiento popular.
El impacto de esos escándalos sobre Panamá ha sido más notorio ante las debilidades de un modelo económico neoliberal que dio sustento a una economía de servicio y el registro de sociedades anónima, del cual se beneficiaron durante décadas las potencia mundiales. Sin embargo, esas características que antes atrajeron a las corporaciones, ahora son cuestionadas por las economías europeas en crisis que apelan a la lucha contra la evasión fiscal.
Para las organizaciones sociales, también hay un gran reto: orientar con firmeza y sentido de responsabilidad histórica a las nuevas generaciones, de modo que puedan surgir alternativas políticas patrióticas opuestas al camino de la subordinación del Estado panameño a fuerzas extranjeras. Ello implica el desarrollo de políticas para la recuperación de la capacidad agroindustrial, agroexportadora y de producción interna de alimentos, y dar el uso más colectivo al valioso e inalienable patrimonio canalero.
Panamá debe tener una clara política exterior hacia Estados Unidos, frente a las contradicciones que plantea la administración del presidente Donald Trump respecto al mundo, y restaurar el antiguo papel de conciliador de este país en el ámbito regional. En el debate de las prioridades, es imperativo defender el proyecto de liberación nacional y evitar que sean generadas condiciones desfavorables que justifiquen la aplicación de un modelo intervencionista ajeno al control panameño del Canal interoceánico y las áreas ribereñas.
