Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Las principales ciudades de Panamá siguen hoy paralizadas debido a protestas convocadas por los movimientos sociales opuestos a la aprobación y sanción del contrato entre el Estado panameño y la compañía extractivista Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la multinacional First Quantum Minerals, radicada en Canadá.
Desde tempranas horas de la mañana del lunes, columnas de obreros y activistas de gremios docentes que agitaban banderas bloquearon carreteras, avenidas y puentes para impedir la circulación de vehículos oficiales y particulares, en señal de repudio al polémico contrato convertí en legislación minera.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, afirmó que ”este es el momento de hacer nuestra decisión soberana, de derrotar el contrato minero, de derrotar la venta de la patria” a grupos foráneos.
Entre quienes celebraron la aprobación del contrato minero, figuran juristas de firmas internacionales y banqueros que representan al consorcio minero, y la embajadora de Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, quien admitió la participación de una empresa estadounidense en el grupo extractivista que lucra con la riqueza mineral de los panameños.
Méndez instó a la población a sumarse en forma organizada a las acciones de protesta y exigir que sean juzgados los ”vendepatria” que firmaron, aprobaron, sancionaron y festinaron la aprobación del proyecto de concesión minera que confiere derechos de explotación cuprífera en áreas de gran biodiversidad y abundancia hídrica.
Las organizaciones sociales que salieron a protestar en las calles, califican de instrumento inconstitucional el contrato minero, aprobado sin la debida consulta pública, ya que entrega a manos extranjeras la soberanía de Panamá sobre el territorio, a cambio de la promesas de pago de anualidades económicas, al margen de loe graves perjuicios de contaminación ambiental.
El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), Fernando Ábrego, informó que ha sido declarado un paro nacional de 48 horas prorrogables, a partir del martes 24 de octubre, como medida de presión para poder derogar el contrato minero, pese a la sanción presidencial de ese texto convierto en ley.
Grupos de manifestantes se dirigieron este lunes a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objetivo de repudiar el contrato, mientras que el tránsito fue interrumpido en la carretera Interamericana por millares de indígenas. Los pueblos originarios declararon el rechazo rotundo a la minería a cielo abierto en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Diversos manifestantes han advertido la presencia en las marchas de elementos saboteadores para desvirtuar las protestas y hacer parecer a los trabajadores como incitadores del caos, como ocurrió con el ataque a una ambulancia que trasladaba a pacientes a un nosocomio.
El presidente de la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Fábrega, abogó por desarrollo de la protesta pacífica. Sin embargo, lamentó que la paralización nacional provoca pérdidas a los empresarios por el orden de los 60 ó 90 millones de dólares diarios.
Medios locales registraron el despliegue de unidades antimotines de la Policía Nacional en diversos puntos, con escasos incidentes. Unidades policiales impidieron este lunes el intento de presuntos manifestantes de incendiar la sede del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la avenida México, en la ciudad capital, donde fueron lanzadas piedras y otros objetos.
A su vez, trabajadores del SUNTRACS que efectuaron protestas callejeras mostraron a Bayano digital casquillos de municiones de fusil disparados en su contra en el barrio mártir de El Chorrillo, en la ciudad de Panamá.
El ministro de Comercio e industria, Alfaro, declaró a medios locales que el contrato genera beneficios económicos a Panamá, para el financiamiento de proyectos sociales, pero los sindicatos refutan esos señalamiento y sostienen que el contrato es ”leonino y entreguista”, y lo que corresponde ahora es la convocatoria de un referéndum para decidir el futuro de la minería en este país
