Por Rafael García Denvers
Coordinador de Vanguardia Torrijista (VT)
El imperio requiere metales para afianzar su industria bélica. La señora procónsul, es decir, Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos en Panamá, adujo que el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A., ”es lo que más conviene” a este país. Su respuesta es equivalente a una orden para los actuales mandatarios que abren los brazos a los saqueadores de la riqueza nacional.
Los anteriores gobiernos, y el actual, han coincidido en tratar de justificar sin rubor alguno la violación de la Institucionalidad, al no acatar y hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la actividad minera al margen de la ley. Sin duda, la incapacidad de ejercer el mandato constitucional ante el expolio, confirma la sujeción del Estado panameño a los intereses transnacionales.
El efecto nocivo y acumulativo de la actividad minera a cielo abierto en áreas de concentración cuprífera y aurífera ha sido debidamente sustentado por expertos en materia ambiental, cuyos válidos argumentos fueron despreciados por los sectores antinacionales. La destrucción del ecosistema y la contaminación son incompatibles con el uso, cuidado y resguardo del patrimonio hídrico indispensable para el sustento de la vida.
Asimismo, los perjuicios de la minería alcanzan a las actividades humanas, la economía y las operaciones del Canal de Panamá y el entorno logístico. Todos esos elementos de valoración fueron relegados a segundo plano durante la votación en la Asamblea Nacional de Diputados que dio forma al inconstitucional contrato minero.
Es importante reseñar que la innegable sombra del Cambio Climático que intensifica el riego ambiental también fue ignorada en el debate en el ámbito parlamentario, ante la ausencia de compromiso y la falta de interés en reconocer los derechos del pueblo. En ese sentido, es necesario advertir la afrenta de los poderes económicos locales, la partidocracia y el capital financiero que dicta las pautas al Estado panameño.
La realidad revela los persistentes intentos de crear enclaves mineros en el territorio nacional y demuestra que los movimientos sociales en Panamá deben prepararse para enfrentar una larga, difícil y muy probablemente sangrienta lucha por la defensa a la vida decorosa en un mundo en crisis de valores y carente del poder político estabilizador.
Es indispensable construir un país libre de sumisiones externas, en el que surja una democracia popular sólida y verdadera, y sea respetado el principio de la soberanía y adquiera valor la autodeterminación y el multilateralismo.
