Por David Carrssco
Director de Bayano digital
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, decidió aferrarse este martes al contrato suscrito entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A., en medio de un país sacudido por la indignación, y anunció que las personas que causen disturbios serán judicializadas en los tribunales.
En un breve mensaje transmitido en directo a la nación, tras el estallido de manifestaciones populares, el mandatario prometió que no tolerará vandalismo, ni llamado a la anarquía, ni comisión de delito alguno de quienes se oponen al contrato con Minera Panamá, S.A, subsidiaria de la multinacional First Quantum Minerals.
“Como presidente, hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones; la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno, estos actos serán judicializados. Como he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley”, apuntó Cortizo en el mensaje.
La inflexible posición gubernamental fue recibida con indiferencia entre manifestantes callejeros y difiere de las exigencias de diversos sectores que piden la derogación inmediata de la ley que válida el contrato minero y demandan el pleno respeto de la Constitución de la República y la defensa efectiva del patrimonio ambiental de este país.
Previamente, el rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, recomendó al gobierno ”revocar la aprobación al contrato de concesión minera”. Asimismo, propuso convocar a la sociedad panameña a un debate sobre el futuro de la industria minera en este país, ante numerosas protestas.
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá (APUDEP), José Álvaro, sostuvo en un enérgico pronunciamiento que ”es necesario y obligatorio que el representante legal de la Casa de Méndez Pereira convoque al Consejo General Universitario, con la finalidad de permitirnos como parte del pueblo discutir y tomar las decisiones acordes al momento que vive el país”.
A su vez, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez, exigió derogar en forma inmediata la ley 406 del 20 de octubre que aprueba el contrato minero y demandó declarar a Panamá libre de minería.
Méndez denunció la represión y hostigamiento de contingentes policiales, y reconoció que en diversos puntos de la geografía nacional se han producido enfrentamientos entre manifestantes y los uniformados que disparan proyectiles.
No obstante, Cortizo adujo que el contrato ley aprobado ”logra para Panamá, entre otros beneficios, salvaguardar los 9.387 puestos de trabajo directos de la mina con una planilla anual de 357 millones de dólares”, que se traduce en un aporte a la Caja de Seguro Social (CSS) de 161 millones cada año.
El mandatario dijo a los ciudadanos que el contrato garantiza, a través del pago mínimo anual pactado de 375 millones de dólares, con el objetivo de que ningún jubilado o pensionado en este país reciba un monto menor a 350 dólares al mes.
Sin embargo, los gremios docentes unidos esta semana a las protestas en las calles, afirman que el contrato minero atenta contra la soberanía de Panamá y viola la Constitución al ceder a otros Estados el manejo de una parte del territorio. Un grupo de juristas se prepara para interponer acciones judiciales contra el contrato.
A las protestas callejeras se han adherido manifestantes indígenas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, quienes bloquearon carreteras. Asimismo, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) anunció una huelga de 72 horas para reclamar reivindicaciones nacionales.
