Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
De acuerdo con los datos recopilados y analizados, durante los últimos 34 años de democracia en Panamá, los gobiernos de siete mandatos presidenciales, que abarcan desde 1990 hasta junio de 2024, han aplicado diversas acciones para abordar el serio problema de la criminalidad.
En ese período descrito, las autoridades se han enfocado en fortalecer la seguridad ciudadana, a través de decisiones relevantes en materia de seguridad pública, con el objetivo de avanzar en la prevención del delito mediante la labor de los organismos de seguridad nacional.
Los retos mencionados son una de las mayores preocupaciones, en cuanto a seguridad pública en Panamá, debido a los altos costos humanos y económicos que representan. Esos hechos están relacionados con diferentes tipos de actividades delictivas. Además de ser útiles para la toma de decisiones, también permiten comprender la situación de los crímenes y delitos en comparación con la percepción de seguridad de la población.
Es importante destacar que la criminalidad abarca una amplia gama de delitos, siendo el homicidio el más relevante, debido a su gravedad. Sin embargo, el principal problema de seguridad pública en el país es aquel que no ha recibido la atención necesaria: la alta proporción de violencia presente en todos los delitos cometidos. En el caso de los delitos violentos, las víctimas experimentan las consecuencias de una alteración significativa e imprevista en su vida diaria, la cual puede ser evaluada en términos económicos.
El propósito es analizar los distintos enfoques de los gobiernos en relación con la delincuencia juvenil, considerando las particularidades culturales locales. De ese modo, se podrá comprender mejor a la sociedad en su conjunto e identificar las diferencias y desigualdades respecto a los jóvenes en situación de riesgo social, incluidos aquellos que forman parte de pandillas delictivas juveniles.
Después de la invasión de Estados Unidos contra Panamá, especialmente en el período de la invasión 1990-1994, se observó que quedaron muchísimas armas en circulación, que fueron utilizadas para cometer delitos. Por ese motivo, fue creado el programa oficial retributivo ”Armas por Comida”.
De 1994 a 1999, fue creada la Fundación de Rescate, en colaboración con pastores de iglesias evangélicas, técnicos psicosociales y líderes comunitarios. El objetivo de esa fundación era trabajar con los jóvenes pertenecientes a pandillas juveniles. Además, se contó con la participación de las autoridades vinculadas a los temas de la adolescencia. Se diagnosticó que la falta de empleo, las difíciles situaciones familiares y la escasez de oportunidades, eran las razones que llevaban a los jóvenes a pelear entre sí y a dedicarse a actividades delictivas.
Asimismo, del 2000 al 2005, se puso en marcha el programa «En Busca de Oportunidades». Esa iniciativa abarcó a las comunidades de Curundú y San Joaquín, ofreciendo empleo a jóvenes pandilleros a cambio de participar en talleres de formación laboral. Sin embargo, se dejó de lado el trabajo preventivo en la ciudad de Colón. Considero que el manejo exclusivo del programa fue un error.
De 2005 a 2009, fue ejecutado el proyecto ”Por una Esperanza”. Esa propuesta incluyó a las ciudades de Panamá, Colón y David, en colaboración con el PROSI. Se destacó en ese período la creación del Vice Ministerio de Seguridad, que implicó modificaciones legislativas en los organismos de Seguridad, como el polémico traspaso de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ),del Ministerio Público a la Policía Nacional.
Con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estableció el Programa de Seguridad Integral (PROSI), con una inversión de 25 millones de dólares. Su propósito ha sido promover la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en las provincias de Colón, David, Panamá y el distrito de San Miguelito, que tienen altos índices de violencia.
Para alcanzar el objetivo trazado, se implementarán acciones estratégicas, integrales, interinstitucionales y participativas, enfocadas en la prevención de la violencia juvenil.
En el período comprendido entre 2009 y 2014, el Ministerio Público reconoció la existencia de 204 pandillas juveniles delictivas en este país. Sin embargo, la Unidad Antipandillas Juveniles de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) señaló que el número oscila entre 245 y 250, lo que indica un crecimiento anual del 10% en esos grupos.
En el análisis, se puede observar que de 2014 a 2019, las pandillas juveniles delictivas han demostrado un aumento en su capacidad organizativa, fortaleciéndose al dividirse en dos grandes grupos conocidos como Calor, calor, y Bagdad. Esos grupos mantienen vínculos con el crimen organizado y ejercen influencia en los gobiernos locales y las alcaldías de Panamá, San Miguelito y David.
Finalmente, durante ese período se implementó la Ley 338 de política criminológica, con una estructura que carece de profesionales en criminología y sin un presupuesto adecuado para su desarrollo en las áreas más vulnerables y de riesgo social comunitario, lo que dificulta su acción independiente.
Los datos estadísticos e indicadores oficiales son de interés nacional y utilidad pública, dirigidos a la sociedad civil, organizaciones internacionales, entidades públicas y privadas, profesionales, universidades, estudiantes, educadores, investigadores y personas interesadas en programas para reducir los factores de riesgo de la violencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, recomiendo establecer niveles de prevención y buscar las alternativas innovadoras para abordar la criminalidad en la sociedad. La estrategia gubernamental debe enfocarse más en la prevención que en la represión, ya que esta última no ha dado buenos resultados. Es necesario solucionar los problemas de la falta de coordinación y comunicación entre las instituciones, manteniendo el interés social separado de los intereses políticos partidistas.
¡Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica!
