Por Luis Carlos Samudio
Abogado, docente y mediador
La recién promulgada ley 467 del 24 de abril del 2025, que instaura la Justicia Comunitaria de Paz, se enfoca en evitar y sancionar disputas que afectan la coexistencia pacífica en las comunidades. Así pues, proporciona un ambiente laboral a los nuevos criminólogos-abogados que poseen las competencias en la prevención criminológica comunitaria y comportamientos sociales, como legales, además de los métodos alternativos de solución de conflictos.
Es importante resaltar que su formación multidisciplinaria en prevención, derecho, resolución de conflictos, sociología, psicología, criminología ambiental, política criminal, reforzará las acciones que estos expertos deben llevar a cabo, no solo mediante la implementación de programas con otras entidades de control social informal como el Observatorios Criminológicos Académicos y Sociales, (OCAS), sino también en temas sociales y comunitarios.
A través de la educación he notado que estos especialistas anhelan su formación, sin embargo, las oportunidades no se les concretan, ya que no han valorado el esfuerzo académico. En contraposición, hay leyes como la Ley 328 y la Ley 386 relacionadas con su educación, pero no les brindan las oportunidades para que puedan desarrollarse y aportar a la prevención y la coexistencia social, y reducir los índices de delincuencia que impactan a nuestra sociedad.
Aunque el objetivo de esta nueva regulación es mejorar y rectificar fallos de la anterior Ley 16 del 17 de junio de 2016, robustecer las garantías procesales y adecuarlas a los estándares internacionales en el campo de los derechos humanos y la administración de justicia. No obstante, nos centramos en los elementos procesales y no en la justicia social necesaria para una coexistencia comunitaria óptima y que reine la armonía social a través de mejoras.
Por lo tanto, consideramos que actualmente es necesario que estos expertos se incorporen a las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Política Criminología, art. 14, establecido en la ley 328, para que puedan trabajar desde la perspectiva de cada entidad estatal respecto a la problemática social. Esto se debe a que pueden aportar sus conocimientos a las soluciones de prevención en lugar de represión, es decir, pueden ejercer en los contextos estatales y privados.
El Dr. Ricardo Pérez Ledezma, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UIP, está brindando un gran respaldo al fortalecimiento de la carrera de Criminología, promoviendo actividades que incentiven la incorporación de nuevos expertos que perciben en ella una oportunidad para desarrollarse y contribuir con sus saberes al servicio de la nación, con un equipo docente que respalda y asiste a esa juventud para alcanzar sus objetivos académicos.
En los proyectos académicos de la asignatura Practica Profesional Criminológica, los alumnos realizan evaluaciones de las cajas de herramientas comunitarias. En los métodos alternativos de resolución de conflictos, realizan la evaluación de la criminalidad social a través de corregimientos, así como las estadísticas proporcionadas por el ministerio público y otras fuentes que contribuyan a cooperar con las políticas públicas.
Concluimos afirmando que las instituciones públicas que conforman el Consejo Nacional de Política Criminológica, tienen la obligación de establecer los lugares de trabajo para estos expertos, además de los observatorios existentes en el país. Necesitamos reunirnos cada cuatro meses para intercambiar experiencias o propuestas con el propósito de ser incluidas en políticas públicas con fines académicos para elaborar proyectos y programas que se ajusten a las evaluaciones y necesidades sociales de la comunidad.
¡Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica!
