La universidad y el aparato estatal en aprietos
Mario Enrique De León
Estudiante de Sociología de la Universidad de Panamá
Lo que sucede en el país ocurre en la universidad o viceversa. (Asamblea Nacional 2004). Según el Artículo 2 de la Constitución Política de Panamá, “el poder público sólo emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.
Algo similar sucede en la simbiosis formada por la triada universitaria: estudiantes, profesores y administrativos.
Cuando llueven los actos de corrupción en los Órganos del Estado, no escampa en la Universidad de Panamá. Entre las venas de las estructuras que conforman estos iguales, se infiltró la peor de todas las epidemias humanas, para corromper a todo su tejido social. Su antídoto sobrepasa a los caudillos, tal vez a generaciones completas.
Es urgente definir un proyecto de nación que encuentre a las políticas estatales de la mano con la universidad. Deben de juntarse las acciones a favor de un desarrollo social que se fundamente (Leff 2004) en los saberes científicos ―que debiera producir la universidad― y los saberes tradicionales de los pueblos, erguidos sobre una plataforma axiológica.
Al cobrar notoriedad el tema del clientelismo político, las planillas de esas instituciones ―en el sentido de Durkheim― se inflan, se intercambian bolsas de comidas, “bonificaciones”, kioscos y fotocopiadoras, como un mecanismo para atraer a adeptos.
No faltan los viajes injustificados y los surreales viáticos. La podredumbre de esta práctica política-electorera ―que acompaña a esas instituciones― se respira en la burocracia ineficiente de sus oficinas y en la vagancia de sus claustros y despachos.
En materia de nepotismo, todo queda en familia. Si es sobre méritos, los concursos son caricaturas y las embajadas, casas de playa. Si hay desvío de capitales, entonces surgen en escena y en los titulares de los periódicos las sociedades offshore y las fundaciones.
El patrimonio de la nación ha sido usurpado por una clase dominante (150 familias). No es muy distante ese expolio de los recursos del Estado, respecto al manejo de la enseñanza superior. Hacer negocios con las arcas de las instituciones, ha sido una constante. Los sobrecostos están en cada una de las licitaciones.
Asimismo, han surgido evidencias de que algunos colegios y universidades falsean la enseñanza, reduciendo su tarea a la emisión de certificados y licencias vacías.
Cuando hablamos de engaños, demagogias e improvisaciones, aparecen como un invento escuelas, departamentos, carreras y políticas públicas sacadas de una caja de cereal que responden a nada. Su origen parece estar en el entramado de redes de corrupción dispersas en todas las estructuras del sistema.
Incluso, en los cierres de calles, vieja modalidad de las protestas clientelistas, no faltarán los falsos positivos o teatros en el modelo de dramaturgia que Goffman le da a ciertas relaciones sociales. Cuando llega la represión y persecución de manifestantes, siempre será el pueblo el que pague los platos rotos.
Hay que resaltar que el entramado de corrupción y abusos no ha podido contaminar aún a las mayorías. Los síntomas del mayor deterioro son identificados en posiciones claves de poder. Faltará organización y trabajo para transformar la realidad, y conseguir la transparencia que requiere el país.
