Por Lic. Guillermo A. Salazar N. / Catedrático universitario
Durante mi infancia, muchas veces pasé las vacaciones escolares en La Palma de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, donde aprendimos de las tareas que realizan los productores para generar la producción de alimentos que consumen e intercambian con otras personas.
Recuerdo haber escuchado sobre la práctica de realizar la producción “a medias”, no porque la dejasen inconclusa, como se pudiese entender en la ciudad, sino porque era una forma de colaboración entre el propietario de un terreno y aquel que, teniendo capacidad física, herramientas y conocimientos, se ponían de acuerdo para realizar la producción.
Uno de ellos aportaba el terreno y el otro lo cultivaba. Lego de la cosecha, una vez descontados los costos, repartían “a medias” los beneficios así logrados.
Esa práctica debiera ser aplicada en las negociaciones entre los propietarios de los recursos minerales que posee el Estado, del cual todos somos dueños y aquellos que teniendo técnicas, conocimientos, herramientas y capital, logran obtener distintos minerales que hoy están y estarán y serán extraídos del subsuelo, si así lo determinan los panameños.
Los beneficios de desarrollar ese tipo de actividades siempre deben ser destinados para el “uso más colectivo”, como propuso el general Omar Torrijos Herrera, cuando se refería al Canal de Panamá,. Esa es la línea que trazó y considero que estará en posición de firme, esperando que hagamos cumplir el lineamiento en las dimensiones que nos propongamos como nación.
En las explotaciones mineras en Donoso, en la provincia de Colón, y en el nuevo distrito Omar Torrijos Herrera, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Contrato Ley sobre esas explotaciones. Ese fallo judicial presenta la oportunidad para hacer valer el apropiado aprovechamiento de los recursos mineros para el mayor beneficio de la población.
El concepto de seguridad jurídica, que reclaman algunos, es otro tema que debemos considerar. Al respecto, utilizaré el ejemplo del Canal de Panamá. Conviene recordar que desde 1903 había sido firmado un Tratado relativo a la construcción, operación y defensa del futuro Canal, que fue construido no por los propietarios del suelo y el agua, sino por aquellos que tenían los conocimientos, herramientas y recursos financieros para realizar esa labor, con el éxito que lograron.
Los ejecutores del proyecto recuperaron su inversión y el mundo entero entendió que el Canal debía llegar a manos panameñas para su administración y usufructo, lo que se resolvió con la firma y ejecución de los Tratados Torrijos-Carter, en 1977.
Una seguridad jurídica a perpetuidad se cambió por una devolución, y se ha demostrado que Panamá tiene capacidad para operarlo, ampliarlo y hacer llegar los beneficios de esa actividad a los panameños y al mundo, incluidas las facilidades que ofrece la vía interoceánica.
Hay acuerdos firmados que han sido desventajosos para los propietarios de los recursos con potencial de explotación. Pero, ello no debería limitar el desarrollo de actividades productivas a partir de las reservas de minerales, los recursos hídricos, los recursos marinos, entre otros.
Mi propuesta, es hacer de las explotaciones mineras los nuevos canales, pero con la adecuada orientación de que esas actividades no amenacen la biodiversidad y menos la vida humana en nuestro territorio, Además de ser desarrolladas “a medias”, incluyendo los beneficios económicos, esas iniciativas deberían ser ajustadas a las medidas de mitigación y control de daños que puedan ocasionar en la fase de explotación.
Promover la extracción mineral sin aspirar a la transformación, sería una gran limitación en el proceso. Por tanto, hay que trabajar para que sean transformados e industrializados, con el objetivo de incrementar el valor de los recursos naturales en este país.
Decir no a la minería, porque lo negociaron mal, no es solución. Se requiere una nueva negociación, pero con objetivos muy claros para poder medir los resultados de las negociaciones oficiales, como se hizo con el Canal de Panamá y áreas canaleras, que generan ingresos económicos.
Estamos a tiempo para enmendar unas malas negociaciones, respecto a la minería, entre otras explotaciones. Hacerlas bien garantizará a las actuales y las futuras generaciones mejores condiciones de vida y atención a las necesidades sociales de la población panameña.
