Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Líderes de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) denunciaron hoy que la carrera administrativa en Panamá fue sustituida por el “clientelismo político”, y que, a causa de ello, perdieron sus empleos más de 80.000 trabajadores.
El secretario general de la FENASEP, Alfredo Haynes, afirmó en conferencia de presa que “estamos retando al gobierno, debido a que no han cesado los despidos masivos en el sector público”, en medio de reiteradas demandas en materia de justicia laboral.
“El clientelismo político es un cáncer que todavía no hemos podido extirpar” en este país, y la carrera administrativa que nació en 1994 no se ha podido aplicar en forma efectiva”, puntualizó el dirigente de la FENASEP en su exposición.
El artículo 5 de la Ley 9 de 1994 subraya que la Carrera Administrativa es obligatoria para todas las dependencias del Estado, incluyendo los municipios y las gobernaciones. Esa Ley debe ser aplicada supletoriamente a todas las Carreras del sector público.
Haynes adujo que el incumplimiento de la ley “obedece al clientelismo” de los partidos políticos oficialistas y adujo que “siguen tratando con sorna” a los servidores públicos, como si ellos fuesen “ciudadanos de segunda categoría”. Sin embargo, no descartó que las destituciones masivas respondan a lineamientos de organismos bancarios y financieros internacionales
Las demandas de la FENASEP han sido apoyadas por la Federación Internacional de los Servicios Públicos, que a través de un pronunciamiebto exigió respeto a la estabilidad, el cese de los abusos y el cumplimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores panameños.
Al respecto, el dirigente de la FENASEP anunció el desarrollo de una encuesta que servirá para exigir al gobierno el pago justo de la prima de antigüedad a trabajadores y ex trabajadores del Estado (en dinero en efectivo, en certificados negociables o a través de un mecanismo híbrido).
Indicó que ese tema será discutido en el auditorio Carlos Alvarado de la Asamblea Nacional el próximo lunes, con el objetivo de unificar los reclamos de la clase trabajadora sobre la forma de pago que mejor se ajuste a sus intereses.
La cancelación de la prima de antigüedad beneficiaría a más de 200.000 empleados activos en el Estado y otros 100.000 destituidos. La exigencia para que sea materializada esa propuesta, abarca el rechazó de trabas y subterfugios legales que afecten el cobro del beneficio al que tiene derecho la clase trabajadora.
