Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El gobierno panameño cree que lo tiene casi todo calculado. Ha utilizado el método según el cual un acontecimiento de gran impacto puede ser minimizado por otro de similar relevancia.
En ese sentido, el oficialismo aprovechó el escándalo provocado por el ataque contra la residencia de un periodista para anunciar el inicio de negociaciones encaminadas a reabrir la mina de cobre en el distrito de Donoso, en la vertiente del Caribe.
Es cierto que, en un primer momento, el anuncio oficial menoscabó la trascendencia del atentado criminal perpetrado en el garaje del periodista Rolando Rodríguez. Sin embargo, no logró eclipsar ese escándalo de interés nacional.
Pese al amplio rechazo que suscita la reapertura de la mina, el caso del ataque a la vivienda del periodista del diario La Prensa recuperó rápidamente su vigencia en la discusión pública.
En torno al tema de la mina, se encendieron los ánimos y, por más explicaciones técnicas y argumentos relacionados con la generación de empleo que se presenten, el repudio continúa manifestándose con gran fuerza.
Otros asuntos de gran impacto también ocupan la atención pública, como el asesinato de dos ciudadanas estadounidenses, la alerta sanitaria provocada por la malaria y las interrogantes en torno al destino de algunos fondos pertenecientes a los asegurados y pensionados.
Sin embargo, ninguno de esos temas ha logrado desplazar completamente el debate sobre el atentado contra el periodista Rodríguez, que algunos intentaron tergiversar, especialmente un prófugo de la justicia panameña.
Las investigaciones sobre el caso de Rolando Rodríguez continuarán, aunque seguirán rodeadas de una percepción pública marcada por la desconfianza sobre el manejo forense y el esclarecimiento de la evidente conspiración.
En cuanto al tema de la mina, la empresa First Quantum Minerals, que ha mantenido una intensa campaña de propaganda desde el día en que se declaró inconstitucional su contrato, volvió a colocarse en el centro de la discusión nacional.
Hoy, persisten numerosas dudas sobre el marco legal que serviría de sustento para reanudar sus operaciones en áreas de riqueza cuprífera y aurífera, así como sobre la supuesta participación ciudadana y la transparencia que, según se afirma en los medios, acompañarán las conversaciones.
No había terminado de hablar en televisión el presidente Jose Raúl Mulino, en una declaración pública, cuando la empresa minera hizo público un comunicado oportunista. Posteriormente, una organización afín al proyecto extractivista, integrada por extrabajadores, difundió un pronunciamiento que respalda la reapertura minera
El gobierno nacional y First Quantum Minerals están generando un clima de desasosiego y tensión social que compromete la convivencia pacífica de los panameños, quienes están convencidos de que esa multinacional explotó la riqueza mineral de Panamá, pese a la existencia de dos fallos de inconstitucionalidad sobre los contratos y del incumplimiento de más de tres decenas de medidas de mitigación ambiental.
Ante esa realidad, una consigna sigue resonando en este país: ¡No a la mina!




