CEPAL
La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), mantiene a la Agenda 2030 entre sus objetivos centrales especialmente a la luz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.
Hay una demanda creciente de un mejor Estado que sea más efectivo, eficiente y transparente. Esta institucionalidad debe acompañarse de entidades fiscalizadoras que respondan a las crecientes demandas ciudadanas de más y mejor acceso a la información oportuna y confiable, así como de mayor participación en las decisiones que les afectan, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en el seminario virtual “Organizaciones Internacionales y su rol ante la crisis sanitaria”, organizado por la Contraloría General de la República de Chile y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en el que profundizó sobre los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID-19 en la región.
El evento fue inaugurado por el Contralor de la República de Chile, Jorge Bermúdez. Junto a Alicia Bárcena expuso Rubén Mayorga, jefe de la Oficina Sudamericana de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Durante su intervención, la máxima representante de la CEPAL subrayó que en tiempos de la pandemia del COVID-19 es crucial transparentar la información crítica que respalda las decisiones adoptadas por la autoridad y que esta información sea basada en evidencia científica.
“No cabe duda que el rol del Estado hoy es importantísimo. Y es necesario abrir canales institucionales de diálogo e incidencia de la sociedad civil para conseguir respaldo y comprensión, así como para conducir el proceso después de la crisis. En este contexto, las entidades fiscalizadoras juegan un papel fundamental”, afirmó.
Recordó que un gobierno abierto se caracteriza por ser transparente y promover participación y esquemas de colaboración, con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos.
La secretaria ejecutiva de la CEPAL expresó que la pandemia visibilizó los problemas estructurales del modelo económico y las carencias del sistema de protección social y brechas del régimen de bienestar.
Precisó que la caída económica de -5,3% que afectará a la región en 2020, agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo (37.7 millones) y llevará a 28.7 millones de personas adicionales a la pobreza (215 millones) y a 15.9 millones de personas a la pobreza extrema (87 millones).
Por ello, la CEPAL propone, en lo inmediato, la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
“Debemos garantizar a las familias un ingreso de subsistencia, para evitar una crisis alimentaria”, alertó.
Alicia Bárcena precisó que los países deben aumentar el espacio fiscal para diseñar medidas efectivas, y fortalecer mecanismos para apoyar ingresos, empleos y empresas, particularmente las estratégicas y las MiPYMEs.
Agregó que es urgente un nuevo pacto social para avanzar en la construcción de un Estado de Bienestar que esté orientado hacia la universalización del acceso al derecho a la salud, la alimentación y la educación que son los cimientos de infraestructura básica de nuestra vida.
“Creo que nos hemos dado cuenta que de nada sirve el dinero, el capital, la especulación, si no tenemos acceso a la salud, a la nutrición y, por cierto, a la educación”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
En ese sentido, llamó a tener especial preocupación por las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los adultos mayores, los migrantes y refugiados, y las personas con discapacidad.
Precisó que en la región hay alrededor de 60 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios, que representan el 10% de la población, pero que viven en una situación de altísima vulnerabilidad y no tienen las capacidades para enfrentar los efectos del COVID-19.
Las poblaciones afrodescendientes, en tanto, representan 134 millones de personas, es decir el 21% de la población de la región, y son altamente estigmatizadas, discriminadas y están en posición de gran desventaja.
En el caso de los adultos mayores, dijo, se trata de la población más vulnerable ante la pandemia; y las mujeres, han evidenciado un aumento en la violencia intrafamiliar en el marco del confinamiento.
“La disparidad de género y las desigualdades son algunos de los factores de preocupación más importantes”, subrayó.
Finalmente, ante la crítica situación que viven migrantes y refugiados, la alta funcionaria llamó a abrir las fronteras y permitir que estos grupos vulnerables puedan volver a sus países de origen.
Todo lo anterior se enmarca en la urgencia de construir un futuro mejor que se oriente a mayor igualdad y sostenibilidad ambiental como lo convoca la Agenda 2030, cerró.
