Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
El fallo judicial de inconstitucionalidad sobre Panamá Ports ha sido interpretado en algunos sectores como parte de una pugna entre poderes hegemónicos —China y Estados Unidos— en cuyo campo de acción se encuentra inevitablemente la República de Panamá.
En realidad, se trata de una competencia geopolítica en la que el más pequeño de los protagonistas sufrirá las consecuencias, según lo ha advertido el país asiático, presuntamente el más afectado.
Mientras esa lucha de gigantes se desarrolla, el ciudadano común observa, con indignación, cómo las figuras que durante años elaboraron los mamotretos contractuales sobre los puertos, se pasean impunemente y disfrutan las riquezas obtenidas mediante conductas deleznables que son una clara traición a la patria.
Juristas de reconocida trayectoria señalan que el fallo de la Corte Suprema sobre la concesión portuaria, revela la forma en que el Estado negocia, fiscaliza y hasta blinda jurídicamente esos contratos. Lo cierto es que no es el Estado quien negocia, sino personas, individuos que, investidos de un poder temporal —presidentes, ministros o diputados—, quienes venden la patria a favor de intereses personales. El resultado de tales comportamientos queda evidenciado en el fallo de inconstitucionalidad emitido por el máximo órgano de Justicia.
El mensaje de la Corte Suprema pone de relieve las debilidades en la supervisión del cumplimiento de los contratos entre el Estado y corporaciones privadas. Está claro que en esas operaciones son conferidos derechos a la empresa, como si la misma fuese soberana en nuestro propio territorio.
Además, no se garantizan en esos convenios las compensaciones económicas suficientes a Panamá. Es insólito que hayan sido acordadas renovaciones automáticas de los acuerdos firmados sin cumplir los requisitos establecidos. Como lo señaló acertadamente un magistrado con amplio conocimiento jurídico, ”esos contratos no protegen los derechos colectivos del pueblo panameño”.
Hay evidencias de que durante en un pasado mandato gubernamental una presidenta eliminó, sin fundamento jurídico alguno, la obligación de la empresa portuaria de pagar millones de dólares al Estado panameño. El aludido personaje con rango presidencial reformó los contratos para conceder a la compañía portuaria amplios beneficios económicos, en perjuicio del interés nacional.
La declaración de inconstitucionalidad ha sido recibida con alivio por la población, pero es necesario que ese fallo judicial sea acompañado de sanciones penales contra los responsables de esos exabruptos: presidentes, ministros, diputados y, principalmente, contralores que avalaron la renovación de contratos y pisotearon los requisitos claros y contundentes.
Excelente artículo Toty. Muy bueno 👍🏼. Abrazos. Lenin Sucre
De acuerdo con ese planteamiento.
Intereses hegemónico. Y al final puede afectar la situación de Panamá a nivel de país se beneficie a, futuro de negocie de la China y en especial del área, del canal.
Sánchez Diez
Hola, buenos días, saludos, bendiciones. Lo que has expuesto en tu artículo es la purita verdad, algunos de los gobernantes que han pasado a ser los que deciden asuntos, contratos, convenios, etc. no han sido serios, honestos y sobre todo no han sido leales al País y no han cumplido con la constitución en buscar los mejores intereses colectivos para todos, solo se han dedicado en sacar provechos personales, deberían estar subiendo y bajando escaleras en las fiscalías correspondientes, la verdad que es frustrante
Rubén Quijada