Polémico legado de E.U. en Panamá

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Armas químicas en Panamá, detonadas tras ser abandonadas por el ejército de Estados Unidos.

Por Gloria Helena Rey / El Tiempo
(Artículo publicado en 2003)

Muchas armas químicas dejadas por E.U. en Panamá permanecen vivas hasta hoy en la Isla San José, en el Pacífico, y lo peor es que E.U. se niega a asumir su responsabilidad de limpiar la zona de esos y otros desechos militares que, además de causar un grave problema ambiental, están amenazando la salud de los panameños, de acuerdo con investigadores y fuentes del gobierno consultados aquí.

Después de devolver el Canal en el 2000, en cumplimiento del Acuerdo Torrijos-Carter, firmado en 1977, E.U. también dejó en Panamá tres polígonos de tiro con 108.000 municiones sin detonar, que causaron, en accidentes, la muerte de más de 21 personas y decenas de heridos, aun antes que saliera de Panamá. Además, dejó igualmente campos minados y contaminación del agua con plomo, componentes de petróleo y otras sustancias, entre otras cosas.

Las denuncias son del investigador norteamericano John Lindsay-Poland, director para América Latina y el Caribe del Programa Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation FOR), ONG que trabaja desde 1915 por la paz y en la solución de conflictos por medios no violentos, pero fueron confirmadas por funcionarios del actual gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, de anteriores administraciones y por investigadores panameños.

Lo peor del legado norteamericano, que afecta unas 4.000 hectáreas en total, además del desinterés de E.U. en asumir su responsabilidad ambiental, es que no se sabe, a ciencia cierta, cuántos son en total los componentes de la explosiva herencia. Habría fundadas evidencias de que E.U. también utilizó armas químicas en otras áreas del país, fuera de la Isla San José, de acuerdo con Camilo Delgado, ex militar y ex secretario general de la Cancillería panameña bajo el gobierno del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.

Lo única precisión, además de lo denunciado puntualmente, es que E.U. utilizó a Panamá como retaguardia, dentro de la estrategia militar que desarrolló a lo largo del siglo XX. Durante más de medio siglo, este país desempeñó un papel activo en materia de logística, entrenamientos, inteligencia e investigación científica, con fines militares, tanto en las dos guerras mundiales, en la de Corea y en la de Vietnam, como en otros conflictos de baja intensidad, registrados en América Latina, con participación norteamericana el siglo pasado.

Entre Panamá e Irak

De lo que tampoco hay dudas, es de que la actitud de E.U. ha sido hipócrita con relación a Irak, pues lo que hizo en Panamá fue lo mismo que lo llevó a invadir y a declararle la guerra a ese país. Violó el régimen internacional de armas químicas al no declarar ni remover las que dejó en la Isla (panameña) San José, incluso, después de que fueron denunciadas por el gobierno local y, luego confirmadas por la Organización para la prohibición de armas químicas, OPAQ en 2001 y 2002, dijo Lindsay-Poland.

Con esa actitud, E.U. dañó el único instrumento internacional que existe para controlar y eliminar armas químicas pues no cumplió con su obligación de declararlas, resaltó el investigador, autor de Emperadores en la jungla: la historia oculta de E.U. en Panamá, que acaba de publicar la Universidad de Duke y que está a punto de salir en español, editado por la Universidad de Panamá. En el libro, Lindsay no sólo analiza las intervenciones militares de E.U. en Panamá, entre 1855 y 1925, sino, además, las pruebas con armas químicas realizadas aquí y la existencia de un interrumpido proyecto, de 14 años de duración, que estuvo destinado a la construcción de un Canal a nivel del mar, en el Darién, con utilización de explosiones nucleares, entre otras cosas.

Al finalizar la segunda guerra, Alemania, antes que E.U. y Gran Bretaña, descubrió un agente neurotóxico, según análisis de un proyectil capturado en 1945. Los británicos consideraron entonces que algunos de los componentes del capturado agente neurotóxico deberían ser retenidos para un posible uso en el Lejano Oriente, si los aliados invadían Japón, eventualidad para la cual se preparaba el Proyecto (de la Isla) San José, en Panamá, pero ese agente sólo fue probado aquí, tras finalizada la guerra, de acuerdo con Lindsay-Poland.

Pruebas con armas químicas

Las armas químicas, algunas vivas, que E.U. sembró y abandonó en la Isla San José, no están en la zona del Canal ni tampoco son cobijadas por el Tratado, pero sí continúan violando la Convención Internacional sobre armas químicas. Esas armas fueron un componente de las tácticas estadounidenses para la defensa del Canal. E.U. tuvo un programa activo de armas químicas en Panamá de, por lo menos, 45 años, entre 1928 y 1968, que estuvo enfocado, durante los primeros 20 años, a la defensa del Canal y los restantes 25 años en probar municiones químicas bajo condiciones exclusivamente tropicales, según Lindsay-Poland.

Poco antes de finalizar la segunda guerra, el 4 de enero de 1944, bajo el gobierno del entonces presidente De la Guardia, Panamá le dio permiso a E.U. para realizar pruebas de guerra química en la Isla San José. Se realizaron más de 130 pruebas (químicas), utilizando gas mostaza, fosgeno, cloruro de cianógeno, cianuro de hidrógeno y butano, además de lanzallamas, utilizando Napalm como combustible. Por lo menos un participante en el proyecto aseguró que se utilizó también agente neurotóxico, según Lindsay-Poland.

El investigador dijo que su investigación no sólo se basó en el trabajo que realizó junto con FOR y otras ONG panameñas en la década de los 90, tanto en la salida de las tropas norteamericanas como en la descontaminación ambiental de las bases y tierras ocupadas por los militares gringos, sino que, además, en la utilización de la Ley de libertad de información (Freedom of Information Act), que rige en E.U. para obtener documentos militares internos. Afirmó también que acudió a entrevistas con oficiales y veteranos norteamericanos y panameños para consolidarla.

Polígonos y daños ambientales

Con respecto a los cientos de miles de municiones no detonadas de los tres polígonos el Emperador, el Balboa oeste y Piña, dejados aquí por E.U. y que habían sido utilizados desde 1930, la situación continúa sin resolverse, según admitieron autoridades locales. Lo mismo sucede con graves daños ambientales que se registran en bases militares como en el Fuerte Davis, donde persisten problemas de contaminación con plomo en el agua. En otras bases, como Fuerte Corozal, barriles con sustancias no conocidas generaron enfermedades y vómito con sangre en empleados que fueron contratados para sacarlos y en las de Fuerte Kobbe y en la Base Aérea de Howard se registraron altos niveles de componentes de petróleo en el agua subterránea, de acuerdo con las denuncias de Lindsay-Poland.

Investigadores en Panamá, como Guillermo Castro, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, evitan relacionar el legado militar de E.U. con los eventuales efectos que eso pudiera tener a nivel regional, no sólo por la posición estratégica del Canal, sino por la guerra en Irak, que llevó a las autoridades panameñas a decretar alerta naranja en la zona del Canal, tras la iniciación de la guerra y frente a la posibilidad de eventuales ataques terroristas. Para ellos, el legado militar de E.U. en Panamá sería apenas local y eminentemente ambiental.

Lo que E.U. dejó en Panamá fueron problemas ambientales propios de una potencia militar desarrollada en el territorio de un país subdesarrollado y dependiente. Eso significa problemas de una complejidad científico-técnica y de unos costos de manejo que están por fuera del alcance de Panamá, dijo Castro.

La víctima fundamental de todo esto es el pueblo panameño, y lo más dramático es que las áreas más contaminadas están cercanas a las áreas de más rápido crecimiento urbano, lo que compromete el desarrollo. En condiciones tropicales, donde hay lluvias intensas, ese material (militar) se mueve y, en consecuencia, pone en riesgo a personas que residen en áreas más alejadas, agregó.

Además, criticó la actual actitud de E.U. frente a lo que sucede en Panamá y dijo que es muy parecida con la de Rusia ante la República Checa porque no se sabe quién va a pagar los costos de limpiar la basura ambiental que generaron.

Localmente, hay consenso de que el problema entre E.U. y Panamá es político, de relaciones internacionales, y que tendría que constituirse en tema permanente de muy alto nivel en la agenda entre los dos países. Pero, Castro teme que si se deja en el plano formal de política exterior, ello se prolongará para siempre.

Actualmente, la perspectiva no es muy prometedora para Panamá, pues las fuerzas armadas de E.U. están solicitando ser eximidas de las regulaciones ambientales contempladas en la ley de su país, pues argumentan que están limitando su capacidad de entrenamiento y acción. Por lo tanto, la solución tendrá que darse a través de una combinación de política exterior estatal y de movilización social. Panamá tiene que ser capaz de asumir como propio el tema de la contaminación militar de E.U. e incorporarlo a la agenda ambiental latinoamericana, según Castro.

Los tratados del Canal exigían que E.U. removiera, en la medida de lo posible, todo peligro a la salud, la seguridad y la vida humana, antes de dejar la zona, y ahí estuvo el problema. La medida de lo posible se redujo al problema ambiental que este país enfrenta hoy. E.U. hubiera podido hacer más (en Panamá), comenzando por iniciar el trabajo de limpieza en 1998, cuando sólo faltaban dos estaciones secas para hacerlo, según Lindsay-Poland. También hubiera podido considerar métodos de limpieza por parcela de terreno para minimizar los efectos de la erosión y remover municiones que quedaban a la vista en los polígonos, según constataron documentos del gobierno panameño.

El gobierno de Panamá no negó las denuncias de Lindsay-Poland, pero se mostró muy cauteloso al responder. Es un tema delicado al que le venimos buscando una solución entre los dos gobiernos, dijo Ramiro Jarvis, secretario Operativo del Consejo de Seguridad Política y Defensa. Los temas de la Isla San José y el de los polígonos se están discutiendo con el gobierno norteamericano y, debido a eso, prefiero no profundizar al respecto. Lo que sí puedo decir, es que ambos gobiernos han demostrado su intención para que el tema sea resuelto favorablemente para ambas partes este año, agregó, pero no mencionó las armas químicas.

No obstante, algunos críticos estiman que no ha habido suficiente acción por parte del actual gobierno para llevar el tema a una mesa de negociaciones por miedo a afectar las buenas relaciones entre Panamá y E.U. De momento, Panamá paga altos costos humanos, financieros y de desarrollo. Cada vez que se va a desarrollar una obra de infraestructura en las áreas contaminadas, hay que excluir los segmentos de territorio que están más contaminados y el responsable principal (E.U.) no está para asumir su responsabilidad, según Castro.

Además, la ampliación del Canal y la construcción de un tercer juego de esclusas implicaría necesariamente limpieza de una de esas áreas, dice Delgado, ex secretario general de la Cancillería panameña.

Los daños, por lo tanto, son incalculables. Se estima que sólo la limpieza de las 4.000 hectáreas contaminadas costaría más de 600 millones de dólares, pero E.U. ha dicho que ya cumplió con realizar la tarea que le correspondía, de acuerdo con lo establecido en los Tratados del Canal.

Aclaración necesaria:

En 2017, luego de múltiples reclamos, Estados Unidos destinó 13 millones de dólares para la limpieza de la Isla San José. Sin embargo, aún hay áreas en Panamá contaminadas con artefactos explosivos sin detonar. La Fundación Panamá confirmó, en junio de 2018, el hallazgo de 500 bombas en 200 hectáreas en la antigua base de Río Hato. Otras bombas fueron detonadas por explosivistas panameños en Isla Iguana, en el Pacífico.

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