Por David Carrasco
El huracán Eta dejó una grave estela de muerte, pérdidas millonarias y destrucción en Centroamérica. Sus efectos catastróficos en las tierras altas en la occidental provincia de Chiriquí han desnudado la principal falencia de Panamá en materia de prevención: la falta de un mapa de riesgo que identifique las zonas vulnerables del territorio.
La catástrofe ha derivado en una situación crítica en materia humanitaria en zonas agrícolas y representa un desafío de organización y planificación que debería ser privilegiado en la agenda de Estado para enfrentar desastres relacionados con el cambio climático, la resiliencia, la necesidad de refugios seguros y nuevas normas de construcción adaptadas a cada localidad.
Desde el 30 de octubre, el Servicio de Hidrometeorología de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) advirtió la convergencia de fenómenos ciclónicos en el Caribe, en áreas próximas a Panamá. Esa advertencia debió generar una repuesta preventiva inmediata, para dar seguimiento al fenómeno y tomar medidas efectivas ante potenciales impactos, como ocurrió en Nicaragua, donde hubo evacuación y se minimizó el número de muertes.
La falta de una adecuada interpretación de la información clave suministrada impidió que fuesen activados en forma oportuna los equipos de respuesta gubernamental y la organización en comunidades susceptibles a riadas, deslaves e inundaciones. Si se hubiese cruzado esa información meteorológica con datos sobre la saturación de suelos sometidos a persistentes lluvias, se habría obtenido un pronóstico cercano a los escenarios de riesgos potenciales.
En febrero de 2020, la directora del Banco Mundial para Centroamérica, Seynabou Sakho, sostuvo que esta subregión es “la más vulnerable del mundo a riesgos climáticos”. Añadió que, debido al aumento en términos de frecuencia y amplitud, de los desastres, ya no son sólo riesgos climáticos”, lo que obliga a revisar los estándares de construcción en cada país.
Tan sólo de 1970 a 2011, las evaluaciones realizadas sobre 32 desastres en el istmo (que representan un tercio de los eventos registrados), confirmaron pérdidas económicas por el orden de 68.932 millones de dólares. Esa cifra asombrosa de destrucción ha ido en aumento en el istmo centroamericano, que posee una superficie de 522.760 kilómetros cuadrados.
La gestión del riesgo es vital y pasa por reconocer qué cantidad de personas se concentra en áreas inundables y cuántos manglares (cortinas naturales protectoras contra tsunamis) ha perdido Panamá en una década en los litorales del Caribe y del Pacífico. Es un hecho comprobado que el crecimiento económico fundamentado en el despojo y divorciado de las políticas ambientales acentúa la vulnerabilidad del país a los desastres.
Los hechos catastróficos que han golpeado con dureza a las productivas provincias de Chiriquí y Bocas del Toro deberían traducirse en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), creado en 1982 para ayudar a proteger a la población frente a desastres de cualquier origen, coordinar medidas para prevenir y reducir el impacto de las catástrofes, mitigar o neutralizar daños provocados por los cataclismos.
Panamá requiere un adecuado ordenamiento territorial y un sólido vínculo con los organismos científicos en el diseño de planes que contribuyan a anticipar los desastres. En ese sentido, la preparación de un mapa de riesgo en toda la geografía nacional se convierte en una prioridad del desarrollo sostenible. Sin esa herramienta, será difícil responder a futuras catástrofes en el contexto del amenazador cambio climático en la escala global.
En Panamá cualquier persona sabe que cuando en Honduras o Nicaragua les pega un huracán, la cola de este afecta a la República de Panamá, en especial a las provincias de Bocas del Toro (con costas en el Mar Caribe) y Chiriquí (con costas en el Océano Pacífico). Desde los EEUU con tiempo se informo que el huracán Eta iba a llegar a las costas de Nicaragua; En Panamá, ETESA aviso con tiempo, en el SINAPROC saben lo que se debe hacer, pero por alguna razón no se activaron las alarmas ( no se actuó a tiempo, no fueron pro activos y como la mayoría de las oficinas públicas, fueron reactivos); Yo estoy seguro de que en el SINAPROC y en la Fuerza de Tareas tienen planes vigentes para este tipo de situaciones, pero si no se dan las ordenes o directrices, no se funciona.