La organización Polo Ciudadano emitió un comunicado para exigir respeto a la vida y a la voluntad de los habitantes en la cuenca del río Indio, contigua al Canal de Panamá, ante las potenciales amenazas de desalojo. Bayano digital reproduce en esta sección el texto de ese pronunciamiento:
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la Ley 20 de 2006, que había excluido al río Indio de la llamada Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, es cuestionable por muchas razones.
La exclusión del río indio de la cuenca hidrográfica bajo administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), fue un compromiso adquirido por su Junta Directiva y por el gobierno de Martín Torrijos en 2006 cuando querían convencer a la gente para que aprobaran la ampliación y creación el tercer juego de esclusas. En ese momento, tanto el gobierno como la ACP juraron que el sistema de tinas con aguas recicladas iba a suplir las necesidades de agua de las nuevas esclusas que ya se preveían mucho mayores que las viejas.
No es cierto que, como alega ahora el demandante (Publio Cortés) y los magistrados, esa ley de 2006 no tuvo aprobación de la ACP, pues el administrador del Canal de entonces, Alemán Zubieta, participó en los debates de la Asamblea Nacional en nombre de la directiva de la ACP.
Si en 2006 se siguió un procedimiento de aprobación de la ley es porque ya se preparaba la trampa y todo era mentira para que, pasado el tiempo, mediante una demanda se burlara el compromiso de la ACP y el gobierno con los pobladores de la cuenca de río indio y con la sociedad panameña.
Esta actuación de la directiva de la ACP, de la Corte, del gobierno y de la Asamblea, demuestran que, quienes nos opusimos al proyecto de ampliación, teníamos razón: la ampliación era un negociado para embolsarse plata de los ingresos del canal hacia un megaproyecto que dejaba de lado las prioridades del gasto social con quienes lucharon por la soberanía, el pueblo panameño.
Que la empresa CUSA, de la familia del entonces administrador del canal, Alemán Zubieta, fuera parte del consorcio constructor de las nuevas esclusas, es evidencia de lo que decimos. Además de que técnicamente tenía elementos dudosos como la estimación del consumo de agua, o la salinización del lago Gatún, todo lo cual se evidencia ahora.
Sostenemos que se requiere un estudio hecho por especialistas independientes para determinar la situación real de las necesidades de agua del canal. Al ser, de nuevo, el grupo empresarial cercano a Alemán Zubieta el que más impulsa el proyecto de una represa en el río Indio, tenemos la sospecha de que el móvil central es el nuevo negociado con un megaproyecto de esta magnitud, para beneficio especulativo de ese grupo económico y sus más cercanos asociados.
Respecto a las comunidades de Panamá Oeste, es evidente que también carecen de suficiente provisión de agua por culpa de la corrupción e irresponsabilidad de los gobiernos empresariales, e igualmente se requieren opiniones técnicas independientes sobre cómo resolver este problema, el cual, seguramente, no va a ser solucionado con represar el río Indio y demás afluentes de esa región.
Ha sido pública la opinión técnica de diversos profesionales del derecho, quienes han manifestado que la derogatoria de la Ley 20, no implica jurídicamente la restauración de la anterior Ley 44 de 1999 de la cuenca del canal.
Ahora resulta que, la ACP presenta y argumenta al país que la creación de estos embalses en el río Indio, será «la solución a la operatividad canalera y al consumo de agua potable para la población». Nada más falso.
Desde el Polo Ciudadano señalamos que ni la ACP, ni el gobierno nacional pueden pasar por encima de la voluntad de los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Indio, por lo que, exigimos que la opinión y decisión de estos pobladores sea respetada, ya que cada vez que se emprenden megaproyectos de este tipo, salen perjudicadas las familias campesinas que pierden sus tierras y formas de vida cotidiana, sin beneficio alguno que les favorezca. Un ejemplo de ello son los habitantes de Bayano que, 50 años después, aún no cobran sus indemnizaciones e incluso tienen problemas por falta de agua en sus hogares.
El Polo Ciudadano comprometido con la justa lucha de los campesinos organizados en las distintas comunidades y expresiones, planteamos la necesidad de unir esfuerzos en defensa de esas tierras y ríos. Y de igual forma hacemos un llamado a los ambientalistas, sindicatos y demás sectores organizados del movimiento social panameño, a prepararnos para estas nuevas jornadas de concienciación y de luchas que se avecinan, en defensa de río Indio y otros afluentes de la región.