Por David Carrasco
La vida de las personas y su futuro importa más que el capricho de un alcalde.
Los medios locales han transmitido numerosas imágenes de las medidas de control epidemiológico en los recintos aeroportuarios, donde se mide la temperatura corporal y se observa si cada pasajero que ingresa a Panamá presenta síntomas característicos de la infección por el Coronavirus (COVID-19), como tos seca, urgencias respiratorias y un estado febril que sugiera alarma.
El procedimiento adoptado es correcto, pero conviene comprender el valor de la higiene y la limpieza profunda en el entorno, para ayudar a garantizar a la Salud Pública. Precisamente, ello permitió al gobierno de Pekín revertir la curva en la propagación de casos de la enfermedad y proteger del contagio a zonas contiguas a Wuhan, la ciudad china sometida a cuarentena para contener la epidemia.
En vez de prever esos aspectos relacionados con la protección efectiva de los habitantes y el manejo de las epidemias, la Alcaldía metropolitana de Panamá se empeña en ejecutar un ambicioso proyecto de recuperación de playas en los corregimientos de Calidonia y Bella Vista, por el orden de 120 millones de dólares, mientras la capital y su periferia están inundadas de basura y residuos contaminantes.
La falta de estrategia y la ausencia de un modelo de prioridades ha permitido privilegiar un proyecto municipal que busca revalorizar las zonas de alta renta en la bahía de Panamá, a favor de familias acomodadas y negocios suntuarios, mientras que la mayor parte de la población aumenta el riesgo de contraer enfermedades, a causa del pésimo sistema de recolección de desechos domiciliarios vigente.
Se estima que más de 500 toneladas de basura no son recogidas al día en la capital panameña, lo que favorece la propagación de mocas, ratas y otros vectores de enfermedades transmisibles de origen viral y bacteriano. Esa penosa realidad, contribuye, además, a la saturación y colapso de drenajes y a posteriores inundaciones, propiciando el deterioro de la calidad de vida de los habitantes.
La Autoridad Nacional de Aseo, de reciente creación, únicamente es responsable de la compra y administración de la flota de camiones recolectores, pero carece de un plan para la clasificación y el aprovechamiento organizado de los desechos industriales y domiciliarios. Las sustancias tóxicas acumuladas en vertederos contaminan el manto freático y son una amenaza a la población.
Para la metrópoli huérfana de estrategias de Estado en materia de ordenamiento territorial y aplicación de altos estándares enfocados en la disposición final de la basura, hay un serio reto en el objetivo de disponer de ambientes sanos. El problema se replica en todo el país, donde la tercerización de servicios de recolección ha derivado en alertas sanitarias y ambientales por deficiencias en la operación.
Es un contrasentido insistir en la idea de construir islas y playas mientras la urbe y sus habitantes nadan en basura y los países limítrofes se enfrentan al COVID-19.
Es una cuestión de tiempo que la metrópoli encare una amenaza real, si las autoridades no llegan al convencimiento de que la limpieza de las ciudades es una tarea impostergable que exige voluntad y una audaz visión de desarrollo.
La Salud Pública debe responder a tareas planificadas. Ello implica reforzar la salubridad, la prevención y las inmunizaciones, en especial de la población de más alto riesgo. Esa debe ser la senda, en vez de dilapidar los recursos técnicos y logísticos del Estado en una aventura comercial inútil en tiempos de crisis, porque la vida de las personas y su futuro importa más que el capricho de un alcalde.
