Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
Desde la década de 1990, la seguridad se ha convertido en un tema central del debate político panameño. Cada presidente ha buscado diferenciarse con un lema que resumiera su política en la materia: Endara con la “desmilitarización y creación de una nueva fuerza policial”, Pérez Balladares con la “guerra a la criminalidad”, Moscoso con la “mano dura”, Martín con la “mano amiga”, Martinelli con la “seguridad integral”, Varela con “barrios seguros”, Cortizo con “proteger y servir”, Mulino con “Operación Panamá 3.0.”y El plan “Firmeza”.
Sin embargo, más allá de las frases, la realidad muestra que la delincuencia ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos.
En las últimas dos décadas, el país ha enfrentado un deterioro creciente de la seguridad urbana. El avance del crimen organizado, las pandillas, mafias y carteles ha generado un clima de temor que ha obligado a las autoridades a adoptar medidas extremas. Los índices de criminalidad han aumentado de manera sostenida, revelando que nuestras instituciones de seguridad ciudadana no han logrado responder de forma eficaz.
A ello se suma un fenómeno preocupante: la participación de adolescentes y jóvenes en delitos graves, lo que ha llevado a endurecer las sanciones contra ellos sin que existan políticas preventivas sólidas eficaces.
La raíz del problema no se encuentra únicamente en la falta de policías en las calles, sino en la implementación fallida de políticas públicas. Estas han estado marcadas por intereses políticos y por la ausencia de coordinación entre los distintos actores sociales. Incluso la Ley 328, que pretendía ser un marco regulador, ha perdido credibilidad al excluir a profesionales en criminología y no generar expectativas reales de cambio. La seguridad ha sido tratada como un asunto coyuntural y no como una política de Estado.
Los nuevos candidatos tienen ante sí el reto de capitalizar el descontento social y proponer enfoques distintos. La llamada seguridad humana ofrece una alternativa: reconoce que la violencia no puede erradicarse únicamente con represión, sino enfrentando las causas estructurales. Esto implica integrar a los jóvenes en riesgo al ámbito económico formal, fortalecer la educación y reorientar la inteligencia hacia la defensa de los derechos humanos y la prevención de delitos ambientales. También se plantea la creación de “territorios sin armas” bajo presencia institucional integral, como espacios de convivencia pacífica.
En este sentido, la educación es esencial. Un sistema educativo que forme al ser humano de manera integral desde sus primeros años puede convertirse en la herramienta más poderosa para prevenir la violencia. La escuela debe ser un espacio que enseñe valores de convivencia y respeto, y que ofrezca oportunidades reales para el desarrollo personal y profesional. Sin educación de calidad, cualquier política de seguridad será insuficiente.
Otro aspecto clave es la coordinación estatal. La seguridad no puede seguir siendo vista como responsabilidad exclusiva de la policía. Se requiere un enfoque integral que involucre justicia, salud, educación y sociedad civil. Sólo así se podrán diseñar políticas preventivas que ataquen la corrupción interna y externa, el narcotráfico y la exclusión social.
La fuerza pública panameña debe ser oficialmente facultada para recuperar las zonas problemáticas, pero acompañada de estrategias comunitarias que transformen los contextos sociales y desmantelen las redes criminales.
Asimismo, las propuestas de seguridad futura deben incluir medidas preventivas y sociales, además de las represivas. Se trata de modernizar las instituciones con un enfoque en la justicia social, establecer controles territoriales y garantizar la presencia estatal en los barrios más afectados. La represión sin prevención solo perpetúa el círculo de violencia. En cambio, una política integral puede restaurar la autoridad del Estado y generar confianza ciudadana.
En conclusión, Panamá necesita superar la lógica de los lemas y avanzar hacia una política de seguridad ciudadana coherente y sostenible. No existe un único concepto de seguridad futura, pero sí la posibilidad de construir un modelo basado en la coordinación entre políticas sociales, políticas criminales, criminológicas y programas de resocialización.
La paz institucionalizada debe ser el horizonte, una paz que nos permita convivir como hermanos, guiados por principios de justicia y solidaridad. Solo así podremos dejar atrás la inseguridad que ha marcado nuestra historia reciente y abrir paso a un país más seguro y humano.
¡Junto trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica!
