«La política del miedo, exacerbada a través de campañas mediáticas busca otro propósito y responde a intereses subalternos»
Por. Antonio Saldaña
Abogado y analista político
En Panamá, el “país decente”, el ciudadano común, el panameño de a pie o el pueblo, tiene muy poca incidencia en el rumbo político de la Nación. Como tampoco es muy cierto que las elecciones del pasado 5 de mayo, dilucidaron la cuestión del poder político del Estado. Tal como lo demuestra el juego peligroso de la plutocracia (Sumatoria del poder económico y político en las mismas manos).
En efecto, hay una abierta y descarnada lucha por el Poder, entre fracciones de la burguesía financiera y comercial y en el terreno político, entre segmentos de la plutocracia, específicamente, por el control de un Órgano de gobierno. Los escenarios actuales son los medios de comunicación social y las calles. Urge soluciones frente al “estado fallido de la justicia”, editorializa un Medio al servicio de una de las fracciones en pugna y paralelamente sus “organizaciones de fachada” se disponen a marchar hoy, para el asalto final del Palacio de Gil Ponce.
Sí, en verdad el problema fuera de las “amañadas sentencias”, ¿tres nuevos magistrados pueden variar la correlación de fuerzas en el seno de la más alta magistratura de justicia de la República? O, más bien, ¿será que la “política del miedo”, exacerbada a través de campañas mediáticas busca otro propósito y responde a intereses subalternos y no a los de la Nación?
La respuesta definitivamente es no. Así como tampoco la anterior controversia política entre ricos y poderosos intereses creados se puede calificar como una lucha del pueblo. Para la gente sencilla y común las dificultades son de otra índole, son locales, inmediatas –no de imaginarios o de ficciones jurídicas- son de la falta de agua, el alto costo de los alimentos, inseguridad pública, desempleo, inexistencia de aceras, pésima recolección de la basura, mala atención médica y precios elevados de las medicinas, para solo mencionar algunas de sus angustias.
En conclusión, con este sainete político orquestado por una fracción de la plutocracia, se pretende manipular al pueblo y utilizarlo como “carnero de panurgo” en función de los aviesos propósitos de unos pocos, pero, en un Estado de Derecho – a menos que se atente contra el orden constitucional- ciento quince (115) familias que se apropian de $20 mil millones anuales -en un País de más de 4 millones de habitantes- no se pueden abrogar el derecho de “nombrar” Magistrados, esa es una competencia constitucional, del Presidente de la República. ¡Así de sencilla es la cosa!
