Los intentos de aprobar a cualquier precio el contrato suscrito por representantes del gobierno panameño y la empresa Minera Panamá, S.A., ha puesto entre la espada y la pared a los integrantes de la Asamblea Nacional de Diputados.
Miles de manifestantes han desfilado ante la sede parlamentaria para rechazar el conflictivo contrato, al que califican de leonino, debido a que sus cláusulas contradicen en diversos aspectos la letra y espíritu del Código de Trabajo y la Constitución de la República de Panamá.
Los sindicatos han exigido con firmeza al gobierno y al Órgano Legislativo el rechazo de ese instrumento, que propicia en este país la construcción de un nuevo enclave y cede a multinacionales el control de una parte del territorio para su explotación.
El examen de la materia laboral reconoce vacíos inaceptables en la redacción del contrato. Ello obliga a los estudiosos de los asuntos jurídicos a identificar falencias denunciadas por los sindicatos, los ambientalistas y las figuras más representativas de la Academia.
Hoy, más que nunca es necesario cerrar filas en defensa del patrimonio nacional y de los recursos hídricos amenazados por la minería a cielo abierto, para poner fin a la grave política de usurpación y de expolio colonialista.
