Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
La dificultad que atraviesan los cuatro programas de la Caja de Seguro Social (CSS), en particular, los de Enfermedad y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Estos últimos, son objetos del diálogo convocado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Ese es el resultado de la «vagabundería» de políticos, empresarios y de la ”burocracia sindical” que desde la década de los 80 del siglo pasado se han coaligado en una especie de empresa criminal para desfalcar —una y otra vez— las arcas de la institución de seguridad social.
El cohecho de los fondos de la CSS se remonta a 1982, cuando los medios difundieron i firmes sobre la pérdida de 100 millones de balboas de un programa de vivienda nunca construido en la administración del doctor Abraham Saied, y que el entorchado de turno, el general Rubén Darío Paredes, pretendió ocultar. Es importante destacar que el daño material y moral, denunciado ese mismo año en los medios de comunicación social, fue devastador.
El otro hito en los atracos a la institución de seguridad social se produjo en el gobierno de Martin Torrijos, quien promovió la Ley 51 ”Orgánica de la Caja de Seguro Social”, de 2005, que creo el denominado ”Sistema Mixto de Pensiones” o de Cuentas Individuales. Ello dio paso al clientelismo político en la institución y al desgreño financiero que ha conducido a la Caja al borde de la debacle.
El profesor Felipe Argote, en su libro ”Cómo Solucionar la Crisis del Seguro Social Ya”. Sin Paramétricas. 2024, describe con lujo de detalles la mezquindad cometida por la plutocracia corrupta y clientelar contra la generación victoriosa que recuperó la dignidad nacional, la soberanía en todo el territorio istmeño y el Canal. ”Adultos mayores que hoy reciben como recompensa el maltrato de una sociedad mezquina y malagradecida”, y pensiones (de mala muerte), que apenas alcanzan ”para no sentir hambre o para no padecer dolor”, ha reconocido Argote.
En el 2021 —en medio del encierro total a causa de la pandemia de la COVID— la Junta Técnica Actuarial presentó al ¿Órgano Ejecutivo? y a la Junta Directiva de la CSS un Informe Actuarial cuyo costo fue de B/100.000 ”no auditado por la Contraloría General de la República”. Esos hechos revelaron las primeras ”vagabunderías” del largo rosario de inconsistencias e incongruencias financieras del Informe.
Sobre ese tema, hay que destacar algunos exabruptos. El Informe de marras señala que ”hay 111 cotizantes en el Sistema Solidario, con más 612 cuotas pagadas”, pero, según el desgreño en los registros, ”estos cotizantes han pagado 51 años de cuotas y no se han jubilado”. Peor aún, ”según los actuarios en su informe hay cotizantes que tienen más de 120 años y no se han jubilado”.
Continúa señalando el malparido Informe Actuarial: ”hay 4.840 cotizantes en el sistema solidario con menos de 27 años en 2019. Para que ello ocurriese, tendrían que inscribirse en el Seguro Social a los 12 años de vida”.
Luego de la serie de incoherencias en la data y en los Estados Financieros no validados por la Contraloría General de la República, la dictadura de la clase burguesa dominante (clase empresarial) utiliza el Informe de la Junta Técnica Actuarial como fundamento financiero para proponer ”ajuste en la cuota obrero patronal hasta de 18,5%, una edad de jubilación de hasta 67 años y una reducción en los pagos a los jubilados de hasta menos del 20% de lo que hoy reciben”. Son las llamadas medidas PARAMÉTRICAS que propone el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), sobre la base de un incoherente y desgreñado Informe Actuarial.
Asimismo, serán los parámetros que utilizará el «gobierno 100% empresarial» para ¿»homologar»? la pesada e inaceptable ancla financiera con que se pretende imponer el modelo privatizador y de pensiones de hambre, de los ”tres pilares”.
En síntesis, porque se trata de un modelo terriblemente injusto e inviable, es que debe ser rechazado. En su lugar, se propone el modelo solidario y humano y el ”uso más colectivo posible de los bienes revertidos del Canal”, cuyo aporte para solventar la crisis de la CSS, se derivaría de la responsabilidad del Estado de disponer del 50% de las utilidades de la vía interoceánica, unos B/1.394,5 millones anuales, calculados sobre la base total de B/2.789 millones que debe trasferir la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al gobierno nacional, en la vigencia fiscal 2024-2025.
¡Así de sencilla es la cosa!
