Destrucción del monumento dedicado a la herencia cultural china.
Por Jairo H. Pertuz S.
Catedrático y analista internacional
Son muchas las interrogantes que surgen ante el bochornoso absurdo de la destrucción de un monumento merecido a la comunidad china en Panamá.
El hecho se registró en horas de la noche, con participación de policías con el rostro cubierto y permisos de otras ”autoridades” para la circulación de equipos y personal que aún no se sabe si eran del Estado o alquilados, todo lo cual debe ser aclarado y comprobado por la alcaldesa de Arraiján, quien además debe demostrar cómo pudo autorizar semejante estupidez cuando, además, existían ofertas para restaurar las estructuras de dicho monumento.
El rechazo a esa barbaridad no es sólo de los 300.000 chinos y sus dependientes, sino de todo el pueblo panameño que convive y comparte con ellos este pequeño-gran país conocido como Panamá, cuyas generaciones han convivido los abusos de ocupación territorial extranjera sin pagar un dólar, sanciones y la oprobiosa y criminal invasión estadounidense de 1989.
La reconstrucción de este monumento, en el mismo lugar, no debe pagarla el pueblo panameño a través de algún Ministerio, sino la funcionaria que ordenó su destrucción y así debe exigirse ante las autoridades que sea necesario. Esa clase de abusos y delitos deben ser sancionados así, para enseñar a los funcionarios violadores de las leyes que deben pagar al país por los daños que causen por sus incapacidades o ignorancia demostradas, al ejercer funciones publicas pagadas al ejercer cargos que detentan sin la capacidad o conocimientos necesarios para los cargos que son nombrados.
Igual, ante la incapacidad e ignorancia demostradas, esa funcionaria debe ser incapacitada para ejercer algún otro cargo publico. Por otra parte, el Estado panameño debe pedir excusas al pueblo chino y sus descendientes, hoy panameños o residentes en Panamá. Sólo así, la historia hará justicia.
