Por David Carrasco
Director de Bayano digital
Docentes y dirigentes estudiantiles denunciaron hoy la existencia de un complot ultraderechista contra organizaciones sociales contestatarias, que pasa por la criminalizacion de las protestas y la persecución política selectiva.
Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en el salón de Profesores de la Facultad de Humanidades, el dirigente te estudiantil Miguel Quintero señaló que ese plan quedó en evidencia durante la visita a Panamá del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Quintero afirmó que ”ha sido construida una narrativa en contra de los estudiantes que salinos a alzar la voz sobre lo que no está bien en nuestro país”.
En ese sentido, responsabilizó de esas acciones anti populares al jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y a altos mandos y elementos oficialistas represivos insertados en el Ministerio Público.
”La protesta no puede ser criminalizada. A nuestros compañeros no los pueden judicializar por el hecho de no estar de acuerdo con situaciones que pasan en nuestro país”, puntualizó Quintero.
Reseño que ”como estudiantes críticos, alzamos nuestra voz contra la persecución desatada por el Estado panameño contra estudiantes universitarios”.
Autoridades de la alta casa de estudios repudiaron el hecho de que agentes de Control de Multitudes, instruidos por Fernández, sitiaron y asaltaron la Universidad de Panamá, el 31 de enero, en abierta violación a la autonomía universitaria, tras desatar la violencia contra pacíficos manifestantes opuestos a la visita de Rubio y a la entrega de este país a Estados Unidos.
No contento con arremeter públicamente contra líderes estudiantiles, Fernández calificó a los alumnos universitarios de ”delincuentes”, lo que indignó a las organizaciones populares.
Al respecto, el profesor Gilberto Marulanda, defensor de los universitarios, adujo que fueron detectados extraños procedimientos en el Ministerio Público para tratar de encubrir a oficiales bajo el mando de Fernández, involucrados en las golpizas contra los estudiantes universitarios.
Indicó que cuando el juez solicitó los informes que justificaban los golpes y las lesiones a la estudiante, esas supuestas evidencias no fueron presentados. Sin embargo, aclaró que la defensa cuenta con elementos probatorios de los delitos cometidos por oficiales implicados, quienes merecen ser destituidos del cargo que ocupan.
De hecho, quedó demostrado que fue ilegal la aprehensión de la estudiante Tamara Ortiz, ya que el Ministerio Público no pudo demostrar su supuesta culpabilidad en un caso urdido por los aparatos de seguridad del Estado contra los defensores de la soberanía nacional.
El juez de Garantías ordenó la medida de notificación periódica a los estudiantes señalados por la presunta agresión al oficial acusador, mientras duren las investigaciones y sean esclarecidos los hechos.
Por su parte, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, exigió que cesen los allanamientos ilegales en las residencias estudiantiles, que recuerdan a los pogromos (linchamientos) y a las operaciones de la Gestapo (policía política del régimen nazi) durante la Segunda Guerra Mundial.
