Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
De la histórica misiva del 7 de mayo de 1970, enviada por el general Omar Torrijos Herrera al senador estadounidense Edward Kennedy, rescato lo pertinente: “Quisiera ponerle por ejemplo lo que sucedía en nuestra Patria… El gobierno era un matrimonio entre fuerzas armadas, oligarquía y malos curas, y como los matrimonios eclesiásticos no admiten divorcio, aquella trilogía de antipatriotas parecía indisoluble”.
“Cuando era capitán —continúa contando el general Torrijos— sofoqué un levantamiento guerrillero dirigido por jóvenes estudiantes y orientado por una causa justa… Aquí fue donde surgió mi determinación de que sí algún día podía orientar la suerte de nuestras fuerzas armadas, las matrimoniaría en segundas nupcias con los mejores intereses de la Patria” (Torrijos. Figura-tiempo-faena. Revista Lotería, Volumen I, páginas 370 y 371).
A contrario sensu (en sentido contrario) de la posición patriótica, popular y democrática de Torrijos, y reflejada en la carta al senador estadounidense, otro general, pero de derecha, Rubén Paredes, en dirección contraria a “La Línea”, obliga a renunciar al comandante Florencio “Chito” Flores. Posteriormente, induce la dimisión del presidente de la República, Arístides Royo, para propiciar, finalmente, en las reformas constitucionales de 1983, la “nueva boda” de la Guardia Nacional con fracciones de la oligarquía de “L’Ancien Régime” liberal.
En efecto, la historia no puede ser desmentida. El propósito del “entorchado de banqueta”, era imitar la hazaña de su homólogo José Antonio “Chichi” Remón Cantera, quien en su momento trasladó el “poder real” de la avenida “A” al palacio de Las Garzas.
Para ello, con la finalidad de compartir el poder con los gamonales se propuso la reforma de la Constitución de 1972, y dentro de estas modificaciones estaba la eliminación del otrora “poder popular” torrijista. Pero, sólo se subrogó la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, dejando incólumes a los representantes de corregimientos, que ya habían derivado políticamente a caciques pueblerinos o pequeños señores feudales al servicio de la oligarquía, hoy, plutocracia corrupta y clientelar.
En la actualidad, los gobiernos locales (81 Alcaldes y 681 Representantes) constituyen el grupo del crimen organizado más grande la República. Estos pequeños trúhanes no sólo extraen para beneficio personal, de sus allegados y familiares, cientos de millones de balboas anuales del Presupuesto del Estado (Descentralización), sino que se han convertido en especuladores de los contribuyentes.
Por ejemplo, durante la pandemia (caso fortuito) el gobierno nacional y también los gobiernos locales, adoptaron medidas excepcionales o “actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos”, que son típicas situaciones de fuerza mayor. Ello condujo a la ruina de decenas de miles de micro, pequeños y medianos emprendedores de toda la geografía del país.
Pero como si eso no bastase, los pillos locales, en abierta violación de la Ley, a través de diversos mecanismos coactivos, pretenden cobrar tributos municipales del período pandémico y pos pandémico a contribuyentes que cesaron sus actividades comerciales por los cierres ordenados por la autoridad.
Inclusive, la Resolución de Gabinete N° 11 del 13 de marzo de 2020, que declaró “El Estado de Emergencia Nacional”, no ha sido derogada. En consecuencia, las situaciones de fuerza mayor, resultantes de actos de autoridad, hasta hoy, no han finalizado, según la norma jurídica precitada.
En síntesis, si existe un concubinato político escandaloso que hay que acabar —a través la Constituyente—, es el maridaje político de la plutocracia corrupta y clientelar, los lumpen diputados y los caciques de pueblo, verdaderos diablillos políticos.
¡Así de sencilla es la cosa!
