Por: José de la Rosa Castillo Mitre
Analista Internacional
Especial para Bayano Digital
El 11 de enero de 2021, Estados Unidos anunció la inclusión de Cuba a la lista de países “patrocinadores de terrorismo” en un acto de terrible ironía de la Administración Trump que solo unos días antes (el 6 de enero) incitaba en un acto público, a sus seguidores a la toma del capitolio en un acto considerado de sublevación y terrorismo interno por los estamentos de seguridad en los propios Estados Unidos.
En 2015, el expresidente Barack Obama sacó a Cuba de esta infame lista en la que había sido incluida desde 1982 en lo que constituyó un paso importante en el «deshielo» que un año después resultara en la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El surgimiento de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo se enmarca dentro de la Doctrina Reagan, la cual impulsó el activismo contrarrevolucionario a escala global, en el contexto de la confrontación Este-Oeste. Fue una herramienta de política exterior para enfrentar la supuesta amenaza a las “democracias del mundo”, que provenía de las fuerzas de izquierda.
Durante más de tres décadas, Cuba ha sufrido las implicaciones que trae consigo la designación unilateral de EUA. Mientras el cuestionamiento a nivel hemisférico y mundial de la designación de la Isla como terrorista ha crecido en los últimos años. El mecanismo unilateral se ha llenado de descrédito y los argumentos esgrimidos por el Departamento de Estado de EUA simplemente han desaparecido.
Los argumentos utilizados para incluir a Cuba en esta lista han variado según los tiempos. En el periodo comprendido entre 1982-1991, las razones se centraron en el apoyo a los movimientos revolucionarios, sobre todo de América Latina. En los años 1991-2001, las acusaciones se concentraron, entre otras, en el refugio a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), y también a fugitivos de la ley estadounidense. Después del S-11, la mayoría de los argumentos fueron renovados, sincronizados con el discurso agresivo característico de la guerra contra el terrorismo.
El punto más álgido de la demonización contra los países catalogados como terroristas fue luego del 11 de septiembre de 2001, cuando estas naciones (en ese momento (Irak, Libia, Irán, Siria Sudán, Corea del Norte y Cuba) devinieron objeto de diversas represalias, así como potenciales blancos de una intervención militar (Irak fue intervenido en 2003, y Libia en 2011), a partir del uso del concepto de guerra preventiva.
Algunos de los proyectos de ley con carácter anticubano han estado dirigidos a extender la extraterritorialidad del bloqueo económico, financiero y comercial, así como a minar el apoyo de los países de la región. En este sentido, se destacan durante el periodo 2001-2012, las iniciativas introducidas por representantes del lobby anticubano que proponían que el Departamento de Defensa no contratara bienes o servicios de personas o empresas que tuvieran negocios con los países supuestamente promotores del terrorismo, lo cual afectaba a varias entidades. Asimismo, se intentó establecer sanciones a los países “cómplices” de los promotores del terrorismo, pues se autorizaba al Presidente de EUA a imponerles medidas coercitivas.
Cuba ha ratificado las doce convenciones internacionales contra el terrorismo y ha ofrecido a EUA la firma de un acuerdo bilateral en la lucha contra el terrorismo.
Esta medida unilateral de la administración estadounidense contra Cuba, violenta sagrados principios del derecho internacional y nos aleja aún más de la urgente necesidad de soluciones pacíficas de las controversias.
Cuba ha abogado siempre ante la ONU por una respuesta multilateral y concertada al fenómeno del terrorismo, que se aleje de las acciones unilaterales y los dobles raseros. La lucha contra el terrorismo no puede ser utilizada como pretexto para la injerencia y el intervencionismo, la agresión, ni las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos.
Cuba y su pueblo han sufrido en carne propia actos terrorista organizados, financiados y ejecutados desde el extranjero, responsables de casi tres mil 500 muertos y más de dos mil discapacitados. Este país nunca ha permitido, la utilización de su territorio para realizar, planificar, alentar, encubrir o financiar esas acciones contra otros Estados.
Esta inaceptable medida adoptada por la administración Trump, ha significado un retroceso durante sus cuatro años para la paz, la cooperación, el multilateralismo y la construcción de acuerdos en la región; y de manera particular al proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países, iniciada por la administración del Presidente Barack Obama.
La nueva administración estadounidense que se instala el 20 de enero, debe comprender que, para lograr una cooperación y acuerdos duraderos con los gobiernos latinoamericanos y caribeños, hay que comenzar a dialogar en condiciones simétricas, sobre la problemática continental y la generación de una ruta de acercamiento que nos permita acordar una agenda mínima de solución de la misma, bajo criterios de respeto mutuo. Y de manera particular la reanudación del diálogo con Cuba.
El general Torrijos, el 15 de marzo 1973, cuando en medio del incremento del bloqueo y el intento de imponer un mayor aislamiento a Cuba, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que sesionó de manera extraordinaria y por única vez en Panamá, expresó: «Los bloqueos y las presiones deben avergonzar más a quien los ejerce que a quien los recibe. Cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo de Cuba constituye sesenta minutos de vergüenza hemisférica».
Esta vergonzosa decisión contra el hermano pueblo de Cuba reafirma la importancia y la validez de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de soluciones pacíficas de las controversias.
