Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano digital
El filósofo camerunés Achille Mbembe, doctorado en Historia en la Universidad de Sorbonne, en París, acuñó el término necropolítica para referirse a una concepción moderna del poder para decidir, atendiendo intereses económicos, quién debe vivir y quién debe morir.
El concepto, aplicado en Panamá, se refiere a individuos que deciden, como si fuesen soberanos, sobre la vida o la muerte de enfermos que padecen la COVID-19.
En el hospital de la Caja de Seguro Social en la ciudad de David, en la occidental provincia de Chiriquí, médicos políticamente contrarios a la presencia de especialistas cubanos, han retado el derecho a la Salud Pública de la población.
Los médicos cubanos llegaron a este país con un compromiso solidario, invitados por el gobierno de Panamá para ayudar a restaurar la salud de quienes sufren la peor de las pandemias.
Sin embargo, esa labor salvadora ha sido obstaculizada por los promotores de la necropolítica. Hay evidencias de que no sólo desatienden a sus pacientes, por el temor al contagio, sino que conspiran y deciden sobre la vida o la muerte de los enfermos en condición crítica.
Los falsos positivos y violación la ley
La difusión en redes sociales de un supuesto contagio masivo de un grupo de médicos cubanos en Chiriquí, es otra patraña de la mafia de bata blanca con ínfulas de poder. Hoy se sabe que tres pruebas realizadas a médicos cubanos en diferentes laboratorios, resultó en un falso positivo.
Al respecto, cabe preguntar ¿quién es responsable del manejo y filtración en las redes sociales del expediente que terminó en un falso positivo?
La Ley 68 de 2003 prevé la confidencialidad de datos de pacientes. De hecho, el Artículo 13 de la mencionada Ley señala textualmente:
“Toda persona tiene derecho a que se respete la confidencialidad de los datos que hacen referencia a su salud». Asimismo, tiene derecho a que nadie pueda acceder a ellos sin su autorización, salvo que lo prevea la legislación vigente.
“Toda persona que omita cumplir con el deber de confidencialidad que obliga el presente artículo, será sancionada, de conformidad con las normas del Código Penal”, indica el texto oficial.
¿Por qué las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social no han ordenado una investigación administrativa de esta grave violación a la Ley y sólo se limitan a desmentir “que los médicos cubanos estén contagiados de COVID-19”?
¿Por qué la Procuraduría General de la República aún no ha iniciado, de oficio, una investigación criminal de esa grave violación a la Ley?
la Redacción de Bayano digital contactó a un dirigente de los gremios médicos para conocer su posición ante la situación planteada en la provincia de Chiriquí. No obstante, no hubo respuesta alguna.
Sospechas de turbios intereses económicos
Los médicos intesivistas, que emite instrucciones vía celular a sus subalternos mientras ejercen la práctica privada en el tiempo remunerado por el Estado, tienen un salario mensual promedio de 5 mil dólares y, además, reciben un sobresueldo de 200 dólares por turno atendido. Es decir, esta casta médica bien remunerada, que debería asistir personalmente a sus pacientes, tiene un ingreso que promedia los 10 mil dólares mensuales.
Transparencia y rendición de cuentas
La denuncia ciudadana, podría afectar el lucrativo negocio de la medicina privada. En efecto, el presupuesto mensual del Hospital Regional de David para sobresueldos por turno atendido representa unos 6,0 millones de dólares mensuales.
¿Por qué no se ordena a la Dirección de Auditoria Interna del Hospital Regional de David investigar de oficio la denuncia ciudadana para verificar que los intensivistas atiendan personalmente a sus pacientes en las UCI?
Ausencia de la autoridad administrativa
Como advierte Mbembe la necropolítica es la concepción moderna del poder, estrechamente vinculada al interés económico para decidir quién vive y quién muere.
Al ejercer ese poder moderno los intensivistas desplazan la autoridad administrativa en el Hospital Regional de David. “No pedimos refuerzos”, adujeron para impedir que la brigada de más de 20 especialistas cubanos atendiese a pacientes en la UCI. Esa es la más salvaje e inhumana manifestación de necropolítica enunciada por Mbembe.
¡Ellos deciden quién vive o quién muere!
Bayano digital lamenta que la población de Chiriquí, afectada por la COVID-19, haya sido sumida en los intereses económicos y la corrupción de quienes deben velar por la salud y vida.
Además Simón, nosotros acá en Panamá Oeste visitamos a la brigada que trabaja en el Nicolás Solano de La Chorrera y nos dijeron que tienen que someterse al protocolo médico de los panameños o sea que no pueden usar los medicamentos cubanos y que ellos trabajan 24 horas diarias, mientras que los panameños sólo trabajan seis horas y se van a su casa.