Por José Antonio Gómez Pérez
Economista. Catedrático Titular, UP.
En una semana de crisis nacional desbordada, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, habló al Estado por tercera vez sobre el mismo tema.
Dejaré para otra oportunidad, el amplio contexto de este asunto, que será más perceptible una vez sea derogada la oprobiosa Ley # 406 de 2023 y afloren las incoherencias del plebiscito oficial y la política minera.
En esta ocasión, es necesario concentrarnos en el Quehacer Urgente, respecto a la grave crisis actual; problemas temáticos, que tras una larga noche de espera, las palabras con propuestas concretas de solución no fueron leídas ni entregadas por escrito.
En concreto, lo dicho la noche del domingo por el presidente Cortizo carece de medidas con coherencia y eficacia suficientes en muchos aspectos, a saber: conceptos jurídicos, constitucionalidad, organización institucional, calendario y términos administrativos, abordaje de los reales puntos críticos.
Basta con buscar y destacar la ausencia de los dos temas básicos, que son —y serán— resolutorios de la crisis minera vigente:
1) Aún no hay compromiso fidedigno y un Proyecto de Ley para la Derogación de la oprobiosa Ley-contrato # 406. La misma sigue vigente e intacta, hasta quién sabe cuando.
2) Aún no existe un compromiso fidedigno y un Proyecto de Ley para la moratoria retroactiva y permanente a la minería metálica a cielo abierto en Panamá.
Estas dos demandas requieren ordenes presidenciales claras para convocar a la Asamblea Nacional de Diputados a sesiones extraordinarias.
El Órgano Ejecutivo, y, al parecer todo el gobierno nacional, están actuando con mucha dilación para impedir la legislación de los dos puntos claves que: en todo el país, el soberano pueblo está pidiendo a gritos. La lucha continúa, por estos puntos y su hoja de ruta contra la política y el tratado minero, ambos en contra del Interés nacional de Panamá.
