(Pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca)
El día de hoy 12 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denominada Violencia y situación de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, en la ciudad de Quito Ecuador. Esta audiencia contó con la participación de cuatro comisionadas de la CIDH, representación del consejo regional indígena del Cauca CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN y delegados y delegadas del gobierno colombiano.
El consejo regional indígena del Cauca, expuso ante la CIDH la situación de alto riesgo en el que se encuentran los diferentes pueblos indígenas que hacen parte del CRIC a causa de los actores armados (legales e ilegales) que hay en los territorios, donde han asesinado a líderes, comuneros y guardias indígenas que vienen dando cumplimiento al ejercicio de control territorial y defensa de la vida.
Los representantes de los pueblos indígenas fueron enfáticos en denunciar que, durante lo corrido de este año, en el departamento del Cauca se han registrado: 68 asesinatos, 179 amenazas, 15 atentados, 15 masacres, 7 acciones armadas en el Territorio, 6 hostigamientos, 6 reclutamientos forzados de menores por actores armados ilegales y hay por lo menos 200 menores en riesgo de reclutamiento que son acompañados por las estrategias de prevención de la ACIN y el CRIC.
Las amenazas individuales se incrementaron en 2019 en un 300% con respecto al año anterior – tan solo en el norte del Cauca se presentaron 79 amenazas. Asimismo, se ha incrementado en un 100%, las amenazas colectivas en contra de las comunidades, estructuras locales y organizaciones zonales y regionales.
Lastimosamente, estas amenazas se han materializado. Gran parte de los homicidios son selectivos en contra de integrantes y líderes de los procesos político-organizativos. Solo durante 2019, han sido asesinadas 15 autoridades ancestrales y Guardias Indígenas del Pueblo Nasa, en el norte del Cauca y Tierradentro.
Igualmente se rechazó la propuesta estatal de militarización de los territorios, puesto que no da garantías de protección, ni es la solución para la violencia, ni ha prevenido el narcotráfico, los asesinatos y las masacres. Por el contrario, se ha consolidado como un factor adicional de riesgo en contra de nuestra integridad, tranquilidad y subsistencia física y cultural.
Es de conocimiento del pueblo colombiano que la fuerza pública ha sido cómplice de asesinatos, amenazas y ha agredido física y verbalmente a integrantes de nuestro movimiento indígena.
Se dejo claro que las comunidades tenemos nuestro ejercicio de control territorial, el cual se hace a través de la guardia indígena, quien ha implementado diferentes estrategias para salvaguardar la vida y el territorio y a su vez se exigió respeto al Territorio Ancestral de los Pueblos Indígenas, la Autonomía, el Gobierno Propio, las Autoridades, la Jurisdicción Especial y demás ejercicios de autoprotección.
Posterior a la intervención del consejo regional indígena del Cauca CRIC, el gobierno nacional manifestó una preocupación frente a los asesinatos que han venido ocurriendo en el departamento del Cauca, el crecimiento de cultivos de uso ilícito y la minería ilegal (siendo estos dos últimos la razón por la que nos están asesinando) y con ello justificando la militarización de los territorios.
El Estado desde su enfoque de seguridad, ha propuesto la coordinación entre la Fuerza Pública, las autoridades y la guardia indígena, en contravía de la visión de protección de los Pueblos Indígena. La ocupación del territorio significa que nuestra población sea sometida por cualquier bando, avalando así la persecución y el asesinato de nuestra Guardia que se opone al control de esos actores sobre el territorio ancestral. Para nosotros los pueblos indígenas, la defensa de la vida es estar en armonía con la naturaleza, por tanto, la guerra, el conflicto armado y la violencia, son indicadores de desarmonía con el entorno natural. Por eso, hemos dicho que los actores armados tanto legales como ilegales deben salir de nuestros territorios porque su presencia no garantiza el cuidado y equilibrio de la madre tierra.
