Por Rafael García Denvers
Coordinador de Vanguardia Torrijista (VT)
Un serio revés tuvo el intento de judicializar a los luchadores de organizaciones sociales en el distrito de de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, quienes custodian la costa norte de Panamá e impiden el robo descarado y continuo de los recursos nacionales por parte de Minera Panamá, S.A.
La protesta pacífica de lancheros (tripulantes o dueños de lanchas) y campesinos del área de Donoso y alrededores, ha empezado a ser judicializada por órdenes de quien, supuestamente, al ocupar el taburete de la Presidencia, tiene la obligación de defender y proteger a los connacionales y, a la vez, custodiar los recursos a beneficio del colectivo social
Ese patrimonio pertenece a todos los que habitan esta patria chica en tamaño, pero grande en riquezas y sentimiento. Por ello, es necesario señalar que el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), dotado de equipos militares, fue incapaz de evitar el asalto y el traslado de riquezas por parte de una minera carente de autorización legal. En cambio, unidades del SENAN, alejadas del mandato constitucional, atacaron a los botes de la dignidad, operados por gente que defiende las costas del robo perpetrado por corsarios modernos.
Sin embargo, esa judicialización no encontró peón ejecutor en el Sistema Penal Acusatorio en Colón, quizás por el respaldo evidente y el eco popular en las principales calles. No prosperó el objetivo de satanizar la protesta y penalizar a los manifestantes. Los lancheros se lanzaron a navegar en el mar a riesgo de sus vidas, mientras que los campesinos y los trabajadores marchaban, bajo sol y lluvia, para defender el futuro propio y el de sus descendientes.
Es necesario felicitar a los funcionarios del Sistema Penal Acusatorio en Colón, por rescatar el maltrecho honor del Órgano Judicial y mostrar que no todo está perdido en Panamá. La justicia imparcial puede renacer en este país, pese a los intentos del Poder para continuar violándola, torciéndola e irrespetándola. El mencionado ejemplo de rectitud debería ser emulado por los magistrados de la Corte Suprema, quienes están bajo el escrutinio público.
Mientras los que cierran calles en defensa de los recursos nacionales y por el respeto a la vida digna, sana, próspera, segura y con igualdad de oportunidades no sean atacados por los organismos de seguridad, o infiltrados por los mismos, para sabotear y desviar el norte establecido, habrá una protesta libre de violencia.
Es precisamente esa realidad la que teme el actual gobierno. Los poderes de facto que administran a los personajes del escenario gubernamental (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) requieren a un pueblo sumiso y silencioso o a un pueblo acallado y encarcelado (o muerto), que no alce su voz en contra del robo, del despojo y la injusticia, que aplauda por un jamón y una bolsa de arroz, y no signifique riesgo para sus negocios. Mientras haya hombres y mujeres como los héroes de Donoso, los grupos hegemónicos estarán temerosos de perder las riquezas mal habidas.
Hoy, más que nunca, se reconoce que Panamá vale más sin minería y que si la casa común, la Patria muere, los panameños desaparecerán con ella. Por lo tanto, esa lucha no se puede perder.
El Contrato Ley 406 tiene que ser eliminado. No es recomendable enredarse en las opiniones de los juristas. En ese sentido, conviene recordar el proverbio popular “donde hay dos abogados, existen tres interpretaciones”. No importan las opiniones que dividen el accionar colectivo. Lo importante es eliminar el aludido contrato y salvar la diversidad de vida que está en peligro. Lo demás es materia aparte y secundaria.
¡Alto a la agresión a los patriotas en Donoso!
¡Alto a la impunidad y al descaro de los actuales gobernantes!
¡Defendamos la vida!
