Por Alberto Velázquez
Periodista y relacionista público
La auditoría sobre la mina a cielo abierto, realizada en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón —ahora llamada ”integral”—, representa un nuevo desafío ambiental. El mandato original señalaba que la auditoría permitiría al Estado concretar un cierre ordenado de la instalación minera, previamente rechazada por la población.
El procedimiento oficial adoptado no resiste la sostenibilidad de la explotación minera y tampoco representa una panacea económica, como lo intentan justificar sus defensores y promotores.
Esa voluminosa auditoria comprueba que los manifestantes antimineros tenían razón al repudiar las concesiones de explotación en este país. Los compromisos ambientales y laborales de la empresa Minera Panamá fueron notablemente incumplidos y, sobre todo, el contrato elaborado por panameños pendientes de sanción, con 25 faltas a la Constitución Nacional.
La inaceptable auditoría que algunos bufones defienden, gracias al enorme presupuesto que dicha empresa destina para su publicidad, no sólo advierte sobre los compromisos ambientales ,sino también los laborales. La procedencia y el encargo a la medida de la firma auditora, es motivo de cuestionamientos en círculos técnicos, porque se desconoce la idoneidad de sus realizadores.
El Ministerio de Ambiente no ha aclarado si en la auditoría se mencionan las numerosas sanciones que impuso a Minera Panamá por el incumplimiento de normas ambientales debidamente inspeccionadas por sus funcionarios y si esas sanciones o multas han sido canceladas.
La mina de Donoso constituye un botín económico que no garantiza beneficios para el país, mientras numerosos sectores interesados no reformen el vetusto Código Minero, cuyos creadores fijaron una ridícula regalía del diez por ciento, cuando en otros países mineros esas regalías eran establecidas hasta en un cincuenta por ciento.
Contrario a lo que pueda decirse a favor de la mina de cobre en Donoso, esa explotación sigue siendo lo que muchos sectores sociales y sindicales advierten: la mina es un foco de riesgos ambientales y laborales, mientras la administración gubernamental favorece a los intereses transnacionales.
El mineral de cobre puede ser un buen recurso, pero la naturaleza y las fuentes hídricas son un patrimonio irremplazable, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en un histórico fallo.
Frente a la posibilidad de una reapertura minera, este país enfrenta una disyuntiva. No se trata sólo de reactivar una mina, sino de multiplicar los riesgos ya comprobados. La contaminación hídrica podría escalar hasta el Caribe. Un colapso en los relaves significaría un desastre ambiental de gran alcance.
La deforestación adicional pondría en jaque la conectividad ecológica en Panamá, y la elevada presión sobre la biodiversidad llevaría a la extinción local de especies emblemáticas como el jaguar, los reptiles y las aves migratorias.
¡No a la mina!
