Advierten a diputados que pagarán caro la traición a la patria

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Movilizaciones comunitarias apuntan al combate al contrato minero.

Por Gilberto García
Integrante de la Coalición Unidos por Colón (CUCO)

Moradores en las comunidades en el distrito de Donoso, sometidas a presiones de compañías multinacionales extractivista, rechazaron el contrato suscrito por representantes del gobierno y de la empresa Minera Panamá, S.A., y advirtieron a una comisión de diputados que viajó a esas áreas en la provincia de Colón para participar en una consulta pública que pagarán caro si traicionan a la patria.

La comisión se presentó a la comunidad el lunes en horas de la mañana. Al encuentro se sumó el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, quien llegó a la cita cuando hacía uso de la palabra el segundo orador comunitario.

Comunidades acudieron a la reunión con los diputados.

En el encuentro, participaron habitantes de unas 20 comunidades, como Villa del Carmen San Lucas, Guásimo, Río Caimito, Platanal, Coclé del Norte, quienes denunciaron afectaciones ambientales en zonas pobladas desprovistas de agua potable, carreteras seguras, sistemas confiables de energía eléctrica y escuelas públicas bien equipadas.

Los líderes de las poblaciones cercanas indicaron que la pobreza persiste y que las actividades mineras a cielo abierto no han contribuido a reducir la brecha de la inequidad en comunidades en la arruinada vertiente del Caribe. Asimismo, denunciaron la persecución de la minera contra familias establecidas desde hace décadas en ese territorio rico en biodiversidad.

Trabajadores organizados repudiaron el contrato minero.

Los voceros de diversas localidades del distrito de Donoso instaron a los integrantes de la Asamblea Nacional de Diputados a desaprobar el leonino contrato minero y plantearon la siguiente exigencia a la comisión parlamentaria:

1. Rechazar la propuesta de contrato entre el estado y Minera Panamá, S.A.

2. Sobre la base del Pacto del Bicentenario, aplicar una moratoria nacional para la minería metálica, fundamentados en:

a. Permitir que las cuencas afectadas por la minería sean rehabilitadas y así salvar al Canal de Panamá, que en 23 años de administración panameña ha entregado al Estado mas de 25.000 millones de dólares, versus los 7.500 millones que daría Minera Panamá, S.A., en el mismo período.

3. Convocar a hombres de ciencias, economistas, a hombre de leyes, a dirigentes campesinos y líderes de las comarcas indígenas para analizar conjuntamente con la representación del Estado la forma de enfrentar el reto minero y sus graves consecuencias.

Esos puntos fueron compartidos por los representantes de organizaciones como Despierta Donoso, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), y activistas de organizaciones campesinas, quienes no tolerarán traiciones ni engaños en la defensa del Medio Ambiente y el derecho al agua.

Activistas comunitarios en defensa de la tierra.

La comunidades reclamaron a los diputados el respeto al valioso patrimonio nacional y las reivindicaciones soberanas amenazadas por las concesiones mineras. En ese sentido, corearon consignas como ¡No a la Minería! y ¡Alto al saqueo de los recursos minerales en Panamá!

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