A 45 años de la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter el pueblo sigue esperando ”el mayor uso colectivo posible”

Por Virgilio Cerrud
Sociólogo y docente universitario

En a lucha de generaciones de panameños patriotas, desde la imposición del tratado Hay-Bunau Varilla hasta 1977, se destacó la acción nacionalista y el sacrificio de los estudiantes y pueblo panameño el 9 de enero de 1964. Esa gesta patriótica marcó la ruta para la eliminación del foco de conflicto entre la potencia imperial y el Estado panameño, pasando por el rechazo de los tratados entreguistas 3 en 1, que fueron promovidos por la oligarquía en 1967.

Tras el ascenso de los militares al poder, producto de la lucha intestina de los gobiernos burgueses en 1968, el liderazgo del general Omar Torrijos se consolida en el siguiente año. El jefe militar recogió el clamor de la juventud estudiosa: la erradicación de ”la ilegal presencia de autoridades civiles y militares instaladas en un área de 1.432 kilómetros cuadrados, la eliminación del genocida andamiaje militar y pasar a manos de los verdaderos dueños las áreas, recursos, tierras y aguas, y el canal.

Aquella tarea nacional fue convertida en la religión del pueblo panameño. Terminada la negociación y firmados los tratados Torrijos-Carter, se concretizó la eliminación de las contradicciones entre el pequeño Estado panameño y el imperio norteamericano.

El 7 de septiembre de 1977, fueron firmados en Washington los Tratados del Canal Torrijos-Carter, refrendados por los ciudadanos panameños en un plebiscito y en Estados Unidos, por su Congreso, integrado por las dos cámaras parlamentarias.

El 1 de octubre de 1979, se inició la vigencia de los tratados y se convirtió en realidad el sueño de eliminar en el territorio la mal llamada Zona del Canal, catalogada por Torrijos como “la quinta frontera”, ya que mediatizaba el desarrollo. Así se inició la consolidación del Estado nacional, el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación del pueblo..

El 1 de abril de 1980, comenzó de lleno la demolición de todo el armazón norteamericano en la franja canalera. Cabe señalar, que Panamá no tenía, ni tiene un verdadero plan de desarrollo para integrar todos los recursos provenientes de las reversiones con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los panameños y las panameñas. Los que sí tenían bien claro qué hacer, son los sectores de la burguesía transitista parasitaria, que presentaron a través del economista de la escuela de los Chicago Boys, Nicolás Ardito Barletta, una propuesta de desarrollo mercantil de esas áreas, sin respetar el legado de la generación que sacrificó su juventud por defender la soberanía y la dignidad nacional.

El 1 de octubre de 1979, restaban 21 kilómetros de los 23 señalados por Torrijos para asumir la responsabilidad, no sólo de administrar la vía interoceánica, sino de integrar las áreas adyacentes al desarrollo nacional.

Hay que ser autocríticos, ya que el movimiento popular no estuvo a la altura de las circunstancias para asumir la responsabilidad soberana. Ello dio paso para que la burguesía vendepatria y parasitaria asaltase el patrimonio nacional. De hecho, la burguesía contó con servirles enquistados en distintos gobiernos, quienes iniciaron el asalto a las áreas revertidas para engrosar la caja registradora.

Este resumen histórico no significa un rechazo a la empresa privada, sino una necesaria respuesta contra de la forma escandalosa como se produjo el despojo y el acaparamiento inescrupuloso del valioso patrimonio canalero. En el pasado, esos mismos sectores enriquecidos afirmaban que la “soberanía no se come”, pero hoy comen de ella con verdadera gula.

Los activos del patrimonio canalero transferido a Panamá, en cumplimiento de los tratados firmados en 1977, superaban los 30.000 millones de dólares, pero no fueron puestos al servicio del desarrollo nacional. La realidad es que terminaron bajo el control de la burguesía parasitaria. De ese gran tesoro, no se benefició la Educación, ni la Salud, ni la Caja de Seguro Socia. Tampoco fueron beneficiados los adultos mayores, la juventud estudiosa, las mujeres, niños y niñas, ni los pueblos originarios, los campesinos, los marginales y los desocupados.

A 45 años de la vigencia de los Tratados Torrijos-Carter, la salida que queda, frente a un gobierno proempresarial, es la unidad del pueblo panameño. Hay que responder con un no rotundo a las medidas paramétricas en la Caja de Seguro Social y a los intentos de la reapertura de la mina a cielo abierto cerrada en 2023. Asimismo, es necesario asumir una actitud patriótica y valerosa contra el desalojo de las comunidades campesinas en la cuenca de río Indio.

¡Así de sencilla es la cosa!