Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
La corrupción es uno de los fenómenos más complicados y duraderos en las sociedades actuales. En Panamá, su presencia ha ido más allá de lo anecdótico y se ha vuelto un sistema auténtico de prácticas estandarizadas.
Este análisis tiene el propósito de estudiar la forma en que la corrupción ha llegado a ser considerada una doctrina, comenzando por su definición conceptual, analizando su naturaleza y describiendo los procedimientos que la han institucionalizado.
La palabra doctrina, que se refiere a instrucción o enseñanza, tiene su origen en el latín doctrinal. En el ámbito académico, un conjunto sistemático de principios, normas o creencias que guían la conducta de una persona o de una institución u organización se conoce como tal.
La doctrina no es sólo teoría, sino que también conlleva la transmisión, el aprendizaje y la reproducción a nivel social. Por lo tanto, puede hacer referencia a sistemas jurídicos y filosóficos, así como a prácticas culturales y políticas. En ese contexto, la doctrina se transforma en un marco de referencia que valida conductas y define estándares de acción.
La corrupción se caracteriza por el uso indebido del poder para conseguir ventajas personales a costa de lo que le conviene al público. Ese fenómeno se presenta de varias maneras, por ejemplo el clientelismo, la manipulación de contratos, el nepotismo, el soborno y la desviación de fondos.
Desde el punto de vista académico, la corrupción no debe ser comprendida solamente como un acto individual, sino también como un sistema estructural que se perpetúa a causa de la impunidad, la opacidad y la fragilidad institucional. Su repercusión tiene múltiples dimensiones, ya que incide en la economía, la política, la ética social y en la confianza y percepción de los ciudadanos.
La corrupción como doctrina en la nación
En nuestro este país, la corrupción ha dejado de ser un asunto aislado y se ha transformado en una doctrina. Ello implica que se ha legitimado y normalizado como un componente del funcionamiento diario de las instituciones. No hay ninguna entidad pública completamente libre de corrupción; incluso las que están destinadas al control y fiscalización suelen ser absorbidas o persuadidas por intereses económicos o políticos. La corrupción se ha vuelto una doctrina porque es una práctica que se acepta, se aprende como un medio para sobrevivir en términos políticos y se repite como táctica de progreso social.
La ciudadanía, por su parte, ha asumido esa doctrina en la medida en que considera la corrupción como algo inevitable. Los escándalos dejan de causar asombro y se consideran como un elemento del ciclo político. Los funcionarios creen que tener un puesto público significa acceder a privilegios no merecidos, mientras que los empresarios piensan que los contratos necesitan de ”comisiones” ilegales. Los ciudadanos, incluso en su vida diaria, participan en actos de corrupción menores —por ejemplo, sobornos para que los trámites se realicen más rápido—, lo cual contribuye a la percepción de que la corrupción es la norma y no la excepción.
La doctrina de la corrupción en Panamá se puede explicar por diversos factores, que podemos señalar. Impunidad: La falta de castigos eficaces perpetúa la creencia de que no hay consecuencias por las acciones corruptas; Debilidad institucional: La falta de autonomía y recursos en los órganos de control dificulta una verdadera fiscalización; Cultura política: La política se ve como una vía para enriquecerse a nivel personal, no como un servicio público. Aceptación social: La resignación de los ciudadanos frente a la corrupción fortalece su carácter doctrinario. Estos elementos interactúan y producen un círculo vicioso en el que la corrupción se reproduce y se justifica.
Los efectos de la corrupción como doctrina son amplios y tienen múltiples dimensiones. En el ámbito político, se observa una disminución de la confianza del ciudadano y un debilitamiento de la democracia. En términos económicos, los recursos públicos se desvían hacia intereses personales, lo que impacta la inversión destinada a infraestructura, educación y salud. La desigualdad se perpetúa en el ámbito social, ya que las áreas más vulnerables padecen las deficiencias resultantes de la mala administración. Por último, en términos éticos, la corrupción doctrinaria acaba con los valores de la honradez y el esfuerzo, haciendo pensar que no es el mérito sino el engaño lo que determina el éxito.
Conclusión:
La corrupción, como doctrina, representa una de las más serias amenazas para el progreso de nuestra nación. Para eludirla no es suficiente con denunciar casos aislados; es primordial desmontar el sistema que la respalda. Ello supone el fortalecimiento de las instituciones, la promoción de la transparencia, el aseguramiento de la independencia judicial y el cambio de la cultura política y ciudadana. Sólo con una sociedad que se oponga activamente a estas prácticas y demande rendición de cuentas, podremos aspirar a un nuevo principio: el de la justicia, la honestidad y el servicio público.
Para finalizar, añado que hemos titulado este año académico 2026 «No a la corrupción, sí a la ética profesional y transparencia», y que mis estudiantes deben incluir esta frase en su trabajo.
¡Juntos trabajemos a favor de paz y la convivencia pacífica!
